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nacion@eluniversal.com.mx
El plan legal del gobierno para declarar al aeropuerto Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía como una obra de seguridad nacional, se debe a la respuesta a un sabotaje legal de opositores y conservadores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la conferencia mañanera, el Mandatario dijo que cuenta con información que indica que el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, asesora a quienes promueven los amparos en contra de las obras que realiza el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. Además, son 16 despachos de abogados los que están atrás de los amparos.
“¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal, evidente. Entonces, me dicen que hay un exministro de la Corte, Cossío Díaz, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra”, aseguró.
Para el Presidente, esa es una acción ilegítima, más no ilegal. Esto, porque un exministro no puede efectuar esas actividades, ya que si bien no firma nada, sí asesora y está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro.
Más tarde, luego de que el ministro en retiro aclaró que no ha asesorado a nadie sobre el tema del aeropuerto, el Jefe del Ejecutivo federal se justificó diciendo que ya no existe el Cisen, “pero como mi pecho no es bodega, pues siempre digo lo que pienso, entonces, qué bueno que no está involucrado”.
Aseguró que por los más de 100 amparos que se interpusieron para evitar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, “se tomó la decisión de construir la obra con el fundamento de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
“Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto. Imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido que no hemos podido iniciar la obra porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo”, insistió.
A pesar de declarar la obra como un asunto de seguridad nacional, el Presidente aclaró que habrá información y documentos transparentes de los contratos y compras.
Cuestionó a quienes promueven amparos que tienen una “actitud mezquina”, pero es de sentido común, ya que es viable construir una pista en un aeropuerto que ya existía desde hace años, reiteró.
“Nosotros ya pagamos a los contratistas, cumplimos con nuestra responsabilidad de no fallarle a los accionistas de los compromisos que se tenían. Ya se finiquitó el asunto del aeropuerto en el lago de Texcoco. Por qué esta actitud mezquina, tampoco nos debe extrañar mucho, el conservadurismo tiene esa característica”, subrayó.
Dijo que esperará a que se resuelva y lanzó un llamado a sus opositores para que transparenten de dónde sacan el dinero para todas esas campañas y mencionó al presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y al empresario Claudio X. González.
“Yo llamaría a los opositores, al de la Coparmex, que es activista, siempre pensé que era como un sector del partido y ahora está quedando de manifiesto, los partidos no tienen por qué tener corporaciones o sectores, Claudio X. González, que transparenten de dónde sacan dinero para todas estas campañas”, dijo.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó el documento del juez que da luz verde al proyecto de Santa Lucía y acepta el argumento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que se trata de un asunto de seguridad nacional.
Desaparición de poderes. En otro tema, luego de que senadores de Morena y el PAN impulsan la desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz por la inseguridad, López Obrador pidió a los legisladores no excederse y que no se utilicen esos procedimientos con tintes políticos para hacer justicia.
El Jefe del Ejecutivo federal ahondó que con respeto les dice a los legisladores que le dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial.
“Eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del Derecho penal. Recomendación nada más, que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia”, dijo el presidente López Obrador.