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Diez de los compromisos hechos por Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato fueron incumplidos según el Balance sexenal de derechos humanos de la Red TDT Todos los derechos para todas, todos y todes.
De acuerdo con el informe presentado el 30 de mayo por el grupo de 87 organizaciones no gubernamentales de todo el país, dichos compromisos se relacionan con el combate a la corrupción y a la impunidad, la desaparición forzada, salud, vulneraciones a los derechos humanos y militarización.
El documento, elaborado con información de 23 estados de la República, establece que, en primer lugar, la administración de Andrés Manuel López Obrador incumplió con el combate a la erradicación de la corrupción e impunidad, debido a que “a nivel federal, estatal y municipal, se ha agravado” e incluso está lejos de erradicarse.
En segundo lugar, la Red TDT enlista que el compromiso del gobierno federal por el respeto a los derechos humanos tampoco se cumplió debido a que, según información de las ONG, en todas las entidades de México se violan los derechos humanos de la población.
En el tercer puesto, el Balance sexenal menciona que el gobierno federal incumplió con la atención a casos de desaparición forzada y cometidas por particulares; en cuarto, con la dignificación de las cárceles; en quinto, con garantizar salud para toda la población y en sexto lugar con proveer de personal capacitado y suficiencia de recursos a puestos federales clave en instituciones.
Luego, la Red TDT informa que en el séptimo puesto está la implementación del programa nacional contra la tortura, el cual “se dejó de lado con la excusa de que la sociedad civil obstaculizó el proceso y pese a lo dicho en informes de gobierno, la tortura sigue siendo una práctica sistemática para obtener información en las investigaciones¨.
La preliberación de personas en prisión preventiva está en octavo lugar; en el noveno, el regreso del Ejército a los cuarteles y, finalmente, la Ley Federal del Mecanismo de Protección cuya iniciativa “no se ha enviado para convertirla en Ley General”.
Al respecto, la Red TDT Todos los derechos para todas, todos y todes generó 10 recomendaciones a la virtual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el propósito de revertir el incumplimiento de dichos compromisos.
En este marco, la ONG recomienda cambiar el sistema de justicia pues considera “necesario renovar las fiscalías de los estados que actualmente no son operativas y están corrompidas y controladas por grupos criminales”.
También considera necesario y coloca en segundo y tercer lugar, la capacitación de funcionarios que trabajan en instituciones locales, municipales y del Estado para que enfrenten adecuadamente los problemas que afectan a la población y que el sistema penitenciario sea renovado para dignificar a personas privadas de su libertad en el país.
Como cuarto punto, el organismo conformado por asociaciones de defensoría de los derechos humanos llama al gobierno a revisar de forma periódica el trabajo de las instituciones para que reflejen sus objetivos y metas alcanzadas y ofrezcan soluciones si no tienen los resultados esperados.
En quinto lugar, pide cambiar el sistema de salud para seguir “trabajando en el IMSS e ISSSTE para evitar el saqueo y garantizar que haya medicamentos y tratamientos suficientes”.
La recomendación número seis es incluir a la sociedad civil para que el gobierno colabore con personas que han sido víctimas con el objetivo de conocer como apoyarlas de forma integral; la siete, es brindar protección a los defensores de derechos humanos para prevenir el ultraje a sus vidas y proveerlos de justicia en el caso de ser amenazados y la ocho es reconocer a los defensores de derechos humanos y líderes indígenas para revalorar su papel en la sociedad.
Asimismo, Red TDT llama, en noveno lugar, a crear y fortalecer a la policía civil para regresar al Ejército mexicano a sus cuarteles.
Finalmente, pide transparentar y dar a conocer la Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos e implementar de forma efectiva marcos jurídicos generales y estatales en materia de desaparición de personas y tortura.
