Luego que el juez federal F. Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México de 10 mil millones de dólares contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno mexicano apelará y acudirá a otra instancia para continuar con la denuncia.
“Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe, una respuesta, que consiste básicamente en que se va a acudir a otra instancia, es decir, *se va a apelar, se va a reclamar esta decisión, vamos a continuar con la denuncia. Eso es básicamente”, respondió López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.
López Obrador acusó que hay bandas criminales en México que consiguen armamento de contrabando procedente de Estados Unidos, país al que acusó de no tener un control en la comercialización de armas y que cualquiera puede comprar en un supermercado una de alto calibre.
“Ya nos encontramos bandas que tienen armamentos que entran de contrabando, que compran en Estados Unidos porque allá no hay control en la comercialización, en la venta de las armas, cualquiera puede comprar, en un supermercado un arma de alto calibre”, señaló.
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Juez desestima demanda
El pasado 30 de septiembre, el juez F. Dennis Saylor desestimó la demanda de 10 mil millones de dólares de México contra los fabricantes de armas de EU.
"Si bien la corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”, escribió Saylor.
Sin embargo, el Consultor Jurídico Legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio,
respondió a la desestimación del juez y señaló que México seguirá peleando hasta que se apruebe la demanda.
El gobierno mexicano acusa a las ocho firmas de una "negligencia que facilita el traslado de armas" a México, golpeado por una violencia criminal que deja cerca de 340 mil asesinatos desde diciembre de 2006, la mayoría a balazos.
La demanda, inédita en la historia de estos países, fue presentada por México el 4 de agosto de 2021 y ha sido apoyada como amicus curiae (amigos de la corte) por 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales.
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