El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro —quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica— actúa como empleado subordinado de las empresas nacionales y extranjeras en materia energética y las protege, por lo que advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se revise su actuación.
En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo aseguró que empresas en materia energética están molestas con la aprobación de esta reforma, porque se beneficiaron con contratos leoninos.
“¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que, desde luego, tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares; entonces, firman convenios en donde pierde Hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras.
“Entonces, estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional.
“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, abundó.
En Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que no se está cancelando la reforma energética del sexenio pasado, sino que se está procurando quitarle a ésta “las aristas más filosas, lo que más daña”.
“Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a estar defendiendo este punto”, sostuvo López Obrador.
El Presidente acusó que empresas privadas extranjeras, como la española Iberdrola, se sentían las dueñas de la industria eléctrica nacional y obtenían contratos “jugosísimos” a costillas del erario.
“Porque esos —prosiguió— contratos al final de cuentas significan pagar más por la luz, los consumidores mexicanos tienen que pagar más por la luz por esas ganancias excesivas que se pactaron en esos contratos, haciendo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad [CFE].
“Vamos a atender este asunto. Ya les he dicho, incluso al gerente de Iberdrola le dije: ‘Estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación, necesitamos revisar esos contratos que están excedidos’”, reveló.
Sin embargo, el Ejecutivo federal calificó como vergonzoso y humillante que Iberdrola, “de manera gansteril”, se haya llevado a trabajar a Georgina Kessel, extitular de la Secretaría de Energía (Sener) en el sexenio de Felipe Calderón, y al propio expresidente.
“O sea, ¿¡cómo!? Es una falta de respeto al pueblo de México, a nuestra nación, es una vergüenza. ¿En qué país del mundo suceden estas cosas?”, exclamó.
“No hay amenazas contra abogados de Estados Unidos”
“Unos abogados en Nueva York dijeron que yo los había amenazado porque dije aquí, creo que antier o ayer, recordé la frase del general [Lázaro] Cárdenas, según la cual quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Pues lo dijo el general, pero además lo han dicho hasta personalidades estadounidenses, porque en Estados Unidos hay muchos empresarios, también como en otros países del mundo, con ética, que actúan con rectitud, existe un comportamiento moral, ético en las empresas, en los negocios.
“Se sintieron amenazados. No hay ninguna amenaza. Salió una nota ayer en The New York Times”. El colegio expresó su preocupación por las declaraciones del Presidente el 22 de febrero, en las que acusó a abogados mexicanos de “traición al país” por representar a empresas extranjeras que, se prevé, impugnen la ley eléctrica.
