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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más efectivos militares, como parte de su estrategia de seguridad pública, que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020/2021.
En el documento, titulado La situación de los derechos en el mundo, expresa su preocupación por las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, el trato a migrantes y los ataques en contra de representantes de los medios de comunicación.
En el apartado sobre el país, AI advirtió que el Presidente “estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba (...) la violencia a las mujeres”.
La organización señaló que las reacciones del gobierno de López Obrador ante la pandemia fueron recortes del gasto público, que implicaron disolver fideicomisos, “entre ellos, los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”, precisó.
Sobre las fuerzas de seguridad, AI expresó su inqiuetud porque siguieron realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”. Destacó que “el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.
Recordó que el Mandatario federal emitió en mayo pasado un decreto que permite mantener el despliegue de los militares para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho documento “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales”. Asimismo, señaló, el Jefe del Ejecutivo federal puso el control de puertos y aduanas en manos de la Armada de México.
Entre las ejecuciones extrajudiciales, mencionó el caso de Giovanni López, en mayo de 2020, en Jalisco, tras haber sido detenido por la policía municipal por no llevar cubrebocas, algo que las autoridades estatales negaron, así como el caso de Jéssica Silva, quien murió por accidente a manos de la Guardia Nacional en Chihuahua.
En el tema de las desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado o agentes no estatales, AI dijo que no sólo preocupa que continúen los casos, sino la “impunidad casi absoluta” de la que gozan los presuntos responsables.
La violencia contra la mujer fue otro elemento sobre el que AI pidió poner atención. No sólo continúa, sino que López Obrador minimiza el problema, “cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”.
También han continuado las amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, con 24 de ellos asesinados de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, así como contra quienes trabajan en medios de comunicación, de los cuales, hasta noviembre pasado, al menos 19 habían sido asesinados.
AI mencionó el caso de la agencia estatal de noticias, Notimex, acusada de emprender “una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno”, así como la carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusando a López Obrador de debilitar a la prensa, “al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley” para intimidarla.
AI denunció que persisten y son motivo “de honda preocupación” las torturas y malos tratos, así como el hecho de que los acusados “rara vez” comparecen “ante la justicia”.
También cuestionó “el uso excesivo de la fuerza”, así como los “secuestros, agresiones y homicidios” de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en el país.
Al respecto, Erika Guevara, directora para las Américas de AI, dijo que México sigue inmerso en una gran crisis de derechos humanos de la que no logró recuperarse en 2020, pese al discurso del presidente López Obrador, quien asegura que éstos son respetados en su administración.
“México continúa atravesando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. En 2020 continuó siendo el país más peligroso para el periodismo y ocupa uno de los primeros lugares en los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos”, explicó.
Según Guevara, el análisis de AI concluyó que las referencias del Presidente al fin de la corrupción, la impunidad y el incumplimiento de los derechos humanos no se traducen en un México pacificado, a lo que contribuye “la militarización”.
*Con información de EFE
