La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual busca disuadir amenazas a la seguridad nacional, frenar los vuelos clandestinos que transportan drogas y armas, así como otorga a las secretarías de la Defensa Nacional, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como responsables del garantizar el uso leal del espacio aéreo.
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó la iniciativa presidencial donde destaca que la nueva ley contemplaría la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, “cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional”.
Además, se prevé crear el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo como órgano responsable de coordinar acciones que preserven la seguridad y soberanía del espacio aéreo. La Sedena estará encargada de identificar a las aeronaves que circulen fuera de las normas y la SICT en observar que las aeronaves civiles circulen conforme a las normas del tránsito aéreo.
Dicho consejo estará presidido por el Presidente de la República y formarán parte del mismo los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana; y Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En los argumentos de la iniciativa de 26 artículos se expone que se propone aprovechar la capacidad estratégica de la Sedena , “que en tiempos de paz como los que vivimos” puede canalizar recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Fuerza Aérea Mexicana para “disuadir amenazas que vulneren la seguridad nacional en el espacio aéreo mexicano”.
Se subraya que la iniciativa tiene como finalidad garantizar el dominio pleno del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional , estableciendo facultades de distintas dependencias.
Asimismo, se expone que la nueva ley busca combatir a la delincuencia organizada que utiliza la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional para realizar actos ilícitos aprovechando vacíos jurídicos y administrativos, como son las deficiencias en el mando, la falta de protocolos por la carencia de competencias jurídicas y la existencia de procesos administrativos que impiden la actuación oportuna de las autoridades, así como la falta de coordinación interinstitucional que deriva en actos de corrupción .
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La iniciativa indica que la Sedena ha detectado irregularidades en la aviación privada como licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos , transporte ilegal de hidrocarburos, operación de pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos ilícito, omisión y corrupción.
“El Servicio de Adunas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por la vía aérea, con un costo estimado en 135 mil millones de pesos. Para México esa situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la violencia y los actos de corrupción que presupone”.
También se advierte que este tipo de vuelos clandestinos que transportan drogas y armas son un riesgo a la seguridad de la aviación comercial nacional e internacional, así como de sus pasajeros y población en general, al invadir sus rutas.
Se prevé que la iniciativa presidencial sea turnada a comisiones para su análisis.
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