El presidente de México, , dijo el viernes que no combatirá a los cárteles mexicanos de las drogas por órdenes de Estados Unidos, en una de las más claras explicaciones sobre su negativa a confrontar a los grupos del crimen organizado.

Durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado varias justificaciones en torno a su política de evitar chocar con los cárteles y que popularmente se le ha conocido como “abrazos, no balazos”, una frase que ha repetido en varios momentos. En el pasado, ha dicho que no se puede enfrentar la violencia con violencia y en otras ocasiones ha argumentado que el gobierno tiene que enfrentar “las causas”, que dice son la pobreza y la falta de oportunidades.

Sin embargo, el viernes, el presidente dejó en claro que ha sido parte de una política que llamó “Primero México”.

“No vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina diaria. “Primero México. Primero nuestra casa”.

López Obrador básicamente argumentó que las drogas son un problema de Estados Unidos, no de México. Ofreció ayudar a limitar el flujo de estupefacientes al país vecino del norte, pero sobre todo —dijo-- por razones humanitarias.

“Desde luego que sí ayudamos y cooperamos en el combate a las drogas, sobre todo porque ya se convirtió en un asunto muy delicado, triste, humanitario, porque pierden la vida muchos jóvenes en Estados Unidos por el fentanilo”, dijo el presidente. Cerca de 70 mil estadounidenses mueren al año por el consumo de opioides sintéticos como el fentanilo, el cual se elabora principalmente en México con precursores químicos traídos ilegalmente de China.

La embajada de Estados Unidos en México no respondió de inmediato a una solicitud de comentario a lo dicho por López Obrador.

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Como muchas de las políticas de López Obrador, esta visión en materia de narcotráfico se remonta a la década de 1970, cuando muchos funcionarios en el país creían que la venta de drogas de los cárteles a los estadounidenses era un problema de Estados Unidos, no de México.

“Desde hace décadas, los distintos gobiernos de México han considerado que la guerra contra las bandas del narcotráfico es esencialmente un problema de los Estados Unidos”, dijo el analista en temas de seguridad David Saucedo, quien resaltó que el consumo de drogas en territorio mexicano, aunque ha crecido (sobre todo las metanfetaminas), aún está en niveles relativamente bajos.

“Por otro lado, el narcotráfico da empleo en regiones en donde el Estado Mexicano no puede impulsar el desarrollo económico, genera movilidad social y las divisas que entran al país por concepto de venta de drogas ayudan a corregir el déficit de inversiones y la balanza comercial”, añadió.

López Obrador se ha pronunciado antes contra la “demonización” de los carteles y ha animado a los líderes de la iglesia católica a intentar negociar acuerdos de paz entre carteles rivales.

En 2022, en un momento en que el presidente explicó por qué había ordenado al ejército no atacar a presuntos miembros de un cartel, López Obrador dijo que también cuidan la vida de ellos, porque “son seres humanos”.

En algunas ocasiones, el mandatario ha hecho comentarios que le han valido críticas por no tomar en serio la situación de violencia. En junio de 2023, cuando un grupo criminal secuestró a 14 policías, el presidente dijo que los iba “a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos”.

En aquel momento, residentes de una localidad en el estado occidental de Michoacán que han vivido bajo el control de grupos del narcotráfico reaccionaron con disgusto.

“Se está burlando de nuestra situación", dijo el propietario de un restaurante, quien pidió no ser identificado porque, como la mayoría de la gente en esa comunidad, se habían visto forzados a pagar dinero al cartel local para recibir protección.

López Obrador también ha sido blanco de críticas por visitar la localidad de Badiraguato, en el estado norteño de Sinaloa y bastión de capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. El mandatario ha dicho que volverá antes de concluir su mandato en septiembre.

El presidente ha establecido límites estrictos a agentes estadounidenses que operen en México y también restringió el contacto que las autoridades mexicanas pueden tener con ellos.

“El presidente dijo en voz alta lo que hace mucho tiempo sospechábamos: su gobierno no combatió realmente a los cárteles de la droga”, dijo Saucedo, el analista de seguridad. “Sólo se dedicó a administrar el conflicto y a sentar las bases de una futura cruzada contra el narco que no le tocará a él declarar”.

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Aunque México ha detenido a unos cuantos criminales de alto perfil, la política gubernamental se ha quedado rezagada respecto al poder que han adquirido los cárteles: organizaciones que obtienen mucho de su dinero ya no sólo del tráfico de drogas, sino de los pagos que reciben de empresarios, rancheros, dueños de tiendas e incluso vendedores callejeros a cambio de protección que, de no hacerlo, son asesinados.

Los cárteles controlan importantes zonas de territorio tanto en el norte como en el sur de México, en estados como Guerrero y Chiapas.

López Obrador dijo que la política de “primero México” es necesaria para reducir la violencia en el país. El año pasado, dijo los homicidios habían bajado un 17% durante su administración. Sin embargo, los homicidios ya habían presentado una caída de un 7% desde el pico de homicidios a mediados de 2018 hasta el presidente asumió el poder en diciembre de ese año, con lo cual el mandatario básicamente ha tomado parte del crédito de una reducción que comenzó con su predecesor Enrique Peña Nieto.

Las estadísticas anuales de homicidios las reporta el Instituto Nacional de Estadística y se consideran las cifras más confiables, aunque las reporta con cierto retraso. Los datos más recientes señalan que los homicidios bajaron 9,7% en 2022 respecto a 2021, la primera caída significativa durante la actual administración. Según el instituto, hubo 32.223 homicidios en 2022.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajo de 28 en 2021 a 25 en 2022. En comparación, la tasa en Estados Unidos fue de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2021.

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