A 10 meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato, ONG y activistas señalan que esta administración dejará una enorme deuda de género, con cifras de violencia contra la mujer en ascenso.
Consultadas por EL UNIVERSAL, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado, aseguraron que este sexenio que se dice humanista tuvo severos retrocesos que afectaron a millones de mujeres, principalmente de los sectores más vulnerables, y no ha generado protocolos reales para la disminución de la violencia.
“El Ejecutivo federal politizó y minimizó el movimiento feminista, redujo el presupuesto para programas y políticas públicas y con su visión de abrazos no balazos dejó en un estado de indefensión a niñas y mujeres al ser violentadas, ultrajadas y muertas en las cifras más violentas de 10 años a la fecha”, señala Paulina Amozurrutia Navarro, directora general de Unión Mujer.
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Hace unas semanas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que en octubre los feminicidios repuntaron 25% respecto a septiembre, al pasar de 52 a 65.
El más reciente informe sobre violencia contra las mujeres, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destaca que de enero a septiembre se cometieron mil 955 homicidios dolosos contra mujeres y 53 mil 208 han sido víctimas de lesiones dolosas.
En septiembre pasado, ese delito registró un aumento de 12.5% respecto al mes anterior, al pasar de 5 mil 493 a 6 mil 179.
“A este gobierno poco le importa la erradicación de la violencia contra la mujer. Y esto lo descubrimos cuando vemos que aunque existe un presupuesto para este rubro, menos de 1% se utiliza para el apoyo de las instituciones para pensión a víctimas y prevención de violencia.
“Es decir, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por mencionar sólo algunas, únicamente .86% de los recursos se utilizan para eso”, dice Amozorrutia Navarro.
Indica que más de 70% de los recursos para la erradicación de la violencia contra la mujer se utilizan para las pensiones para adultos mayores y las becas Benito Juárez.
Insiste en que a la administración de López Obrador no le interesan las mujeres porque “no utiliza el dinero etiquetado para ello y porque no ha generado protocolos reales para la disminución de este problema”.
Señala que existen 35 millones de hogares que enfrentan violencia familiar y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante 2022 se registraron 22 mil 904 víctimas de ello, un incremento de 30% respecto a 2018.
“México se ha dedicado a administrar las violencias machistas y a mantener el pacto patriarcal que se aferra a decir todos los 25 de cada mes que los feminicidios han disminuido, omitiendo los innumerables asesinatos diarios de mujeres y niñas que no han sido tipificados como feminicidios”, comenta Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios (RNR).
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Menciona que si bien la administración de López Obrador ha tenido logros que han sido impulsados por las ONG, como la Ley Olimpia, la Ley Ácida, la tipificación de la violencia vicaria, la despenalización del aborto en todo el país, la Ley 3de3, así como el presupuesto para refugios para mujeres y sus hijos en situación de violencia, entre otros, se han tenido severos retrocesos.
“Hemos visto lamentables retrocesos, debilitamiento e incluso la desaparición de estrategias e instituciones, como el programa de estancias infantiles y el Indesol, o la circular presidencial número 1 que declaró no dar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, la simulación de un presupuesto con perspectiva de género y de un anexo 13 con aumento, que en realidad no va dirigido a programas que garanticen eliminar las brechas de des-igualdad, discriminaciones y violencias contra las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida”.
Figueroa resalta que “las acciones gubernamentales en los tres niveles de gobierno, sin importar el color del partido, seguirán siendo poco efectivas mientras no se entienda que es un tema de derechos humanos y no partidista, mientras no se reconozca el contexto de impunidad, inacción y nulo acceso a la justicia integral que viven las mujeres en México. Seguirán siendo no efectivas las acciones que son planeadas desde el escritorio y sin la participación de organizaciones, colectivas, defensoras y sobrevivientes de violencias”.
El reporte del SESNSP da cuenta de los abusos sexuales cometidos contra mujeres en septiembre pasado, con 682 casos, un aumento de 17.8% en relación con agosto.
Láurel Miranda Huerta, periodista y activista por los derechos de las identidades transgénero, dice que México es el segundo país más letal para ser mujer trans, por debajo de Brasil. “Trans Murder Monitoring indica que entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se cometieron 52 crímenes de odio en México, 94% en contra de mujeres trans y eso es bastante lamentable”, agrega.
Sostiene que aunque se avanzó en materia legislativa, los pendientes con la comunidad de mujeres transgénero aún son varios, pues durante esta administración no se tipificó el delito de transfeminicidio ni se puso sobre la mesa la creación de una ley integral trans que garantice salud, educación y trabajo para la comunidad en México.
Resalta que el discurso oficialista no sumó a diluir la discriminación sobre la expresión de género de la comunidad y no manifestó su postura firme en torno a temas que les favorecieran e hizo a un lado temas de derechos humanos que no se pueden dejar para después debido a su importancia.
Marisol Nuñez, integrante del colectivo Pan y Rosas en México, recordó que aunque el sector feminista empujó la candidatura presidencial de López Obrador y la llegada del género femenino a puestos de poder en la política todavía existen deudas pendientes en la agenda y derechos humanos en papel que no son una realidad.
“Nuestras demandas son legítimas y vienen desde mucho antes que López Obrador llegara al poder, pero este gobierno nunca ha querido abrir la puerta para sentarse a dialogar con las víctimas”, señala.
“No hay mejora en sistemas de salud pública, en temas de educación o económicos, disparidad salarial, criminalización, violencia de género aplicada desde las autoridades hasta los feminicidios y la deuda es muy grave aunque no empezó en este gobierno”, asegura.
La activista hace hincapié en que la militarización también ha dejado víctimas mortales que en su mayoría son mujeres, desde madres buscadoras, hasta las que han sufrido agresiones, pues el Ejército, lejos de traer seguridad, la disminuyó.
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“Durante las movilizaciones, los operativos policiacos son desproporcionados y el supuestamente extinto grupo de granaderos nos ha gaseado y mantenido encapsuladas por horas”, describe.
Asegura que los señalamientos desde las conferencias matutinas han sido perjudiciales para las mujeres, ya que “los otros datos” del Presidente minimizan las violencias que siguen presentes.
“Es muy fuerte e indignante el trato de las autoridades porque muchas figuras oficialistas se reivindican como feministas, pero nos criminalizan. El Presidente dice que tiene otros datos, que el movimiento es de derecha, que es neoliberal, y muchas figuras oficialistas se reivindican como feministas, pero nos han aventado a la policía o nos criminalizan”, comenta.