Al manifestar que “es otro sabadazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el que Angélica del Carmen Ortuño Suárez, jueza del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo, le haya concedido prisión domiciliaria al exgobernador de puebla, Mario Marín, acusado de los delitos de tortura y protección de redes de trata infantil.
En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal acusó a la oposición de proteger al exgobernador poblano al afirmar que ayudó en el supuesto fraude en la elección presidencial de 2006.
“Esta el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo, de un juez o jueza que les están dando libertad al señor Marin que fue gobernador de Puebla, ya dio la orden de que se libere un juez. ¿Saben que hacían estos porque son lo mismo sobre todo en pensamiento? Protegían al señor Marín y saben, ¿por qué lo protegían? Porque el señor Marin les ayudó en el fraude electoral de 2006. Primero lo acusan, viene una denuncia de Lidia Cacho y va de candidato del PAN, Felipe Calderón a Puebla a decir `si ganó voy a meter a la cárcel a Marín´. Busquen, porque se dice `Ni perdón ni olvido´, perdón si, olvido no.
“De repente viene la elección y como les ayuda en el fraude electoral, o sea, lo someten, lo exoneran, ya Calderón no vuelve a decir nada, porque les ayudó en el fraude electoral; pasa el tiempo lo vuelven meter a la cárcel porque continúa el juicio y ahora lo liberan. Pues por eso no quieren que se reforme el Poder Judicial, pero eso es una cuestiona vamos a decir `rutinaria´, ya hemos aquí demostrado como aplican los sabadazos, y este es otro sabadazo”.
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La organización en defensa de los derechos de libertad de expresión, Artículo 19, anunció que impugnará la liberación de Mario Marín luego de que Angélica del Carmen Ortuño Suárez, jueza del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo, decidiera que el exgobernador de Puebla pueda llevar en libertad los procesos judiciales por los delitos que se le imputan contra la periodista Lydia Cacho.
Artículo 19 expresó que, aunque reconoce “que la prisión preventiva oficiosa, como política punitiva de Estado en cientos de casos puede ser violatoria a los derechos humanos en este país, existen situaciones particulares como la presente, donde, se amerita esta medida.
“En el caso actual se han presentado por la defensa de Lydia Cacho una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura”.