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El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su contrarreforma energética y el primer paso fue presentar una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica e implementar una nueva política energética con la que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se relegue la energía producida por privados, a fin de no incrementar los precios para los usuarios.
En la iniciativa, que fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis, el Presidente decidió privilegiar la energía eléctrica que produce el Estado mexicano, por ello el sistema eléctrico nacional será alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, por lo generado en las plantas de la CFE; tercero, por la energía eólica o solar de particulares, y al final, la energía de ciclo combinado de privados.
Con este nuevo esquema, los generadores privados serán relegados hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para surtir energía eléctrica a los consumidores, además de que estarán sujetos a los planes de gobierno.
En el documento de 18 cuartillas, López Obrador decidió que no será obligatorio para el Estado mexicano realizar subastas eléctricas, como sí lo definía la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues “las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE, ya que los contratos correspondientes tienen una vigencia de 20 años y los precios no están sujetos a variaciones del mercado”, señaló.
De manera paralela, el gobierno federal obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revisar los permisos de autoabastecimiento y los contratos de compra-venta de electricidad que tiene con particulares, que en este año le costarán a la CFE 41 mil 760 millones de pesos y habrá revocaciones en los casos en los que se hayan obtenido mediante fraudes.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a particulares privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes de mercado”, definió López Obrador.
Esta es la primera vez que el presidente López Obrador hace uso de su facultad de enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión en su administración, con lo que los diputados federales tendrán un mes para aprobarla y otro mes el Senado de la República y, en caso de no hacerlo, esta modificación se dará por aprobada y podrá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El pasado 28 de enero, EL UNIVERSAL publicó que el Jefe del Ejecutivo federal junto con parte de su equipo de la Cuarta Transformación trabajaban para echar atrás la reforma energética de su antecesor Enrique Peña Nieto, aprobada en diciembre de 2013.
El 22 de julio de 2019, López Obrador se reunió en Palacio Nacional con directores y consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), CFE, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y los presidentes de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para manifestarles la posibilidad de un cambio a la política energética y de su marco jurídico.
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En su exposición de motivos, el presidente López Obrador explicó que durante el periodo neoliberal o neoporfirista se impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional, y el anterior gobierno otorgó plena cobertura legal a éste con la llamada reforma energética.
“Todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”, describió el Mandatario federal.
Con esta reforma, dijo, es urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia, a fin de fortalecer a la CFE para beneficio del interés nacional, “cuyo carácter estratégico en la confiabilidad del sistema eléctrico es indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México, consistente en no incrementar las tarifas de electricidad, así como garantizar la seguridad energética como pieza estratégica del concepto de la seguridad nacional.
“La inexistencia de un contrato de entrega física de energía y capacidad obliga en las inequitativas condiciones de este mercado eléctrico, a un creciente déficit del suministrador de servicios básicos de CFE. Los incrementos tarifarios o mayor subsidio, con cargo a la Hacienda y al pueblo de México, sería el resultado de no modificar tales condiciones”, dijo el Presidente.
Subrayó que la presente iniciativa busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red.
Con la operación simultánea de ambos contratos financieros y de entrega física se eliminan erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la nación y, con ello, se garantiza la estabilidad de la tarifa de electricidad”, define en su proyecto el Titular del Ejecutivo federal.
