El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para reformar el Fondo de Cultura Económica (FCE) con el fin de que sea la principal institución encargada del fomento de la lectura en el país, enfocándose en los sectores más pobres.
En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para su análisis, se propone modificar apartados del artículo 2 del decreto de creación del organismo, en donde se precise que tiene como tarea principal el fomento a la lectura en escenarios nacionales e internacionales, además de impulsar acciones para la entrega de libros de forma masiva y gratuita, con especial atención a los sectores más vulnerables.
“Asimismo, tiene a su cargo el fomento a la lectura y el libro en escenarios nacionales e internacionales, y debe promover acciones con los tres órdenes de gobierno para que sus publicaciones lleguen a todos los sectores de la población mediante mecanismos adecuados”.
Leer también: Con un retraso de 3 meses, Fondo de Cultura Económica inaugura librería en La Habana, Cuba
Señala que para el cumplimiento de su objetivo, el fondo deberá de promover la creación, edición y publicación de obras literarias, artísticas, científicas, técnicas, educativas, informativas o recreativas.
“Promover y distribuir las obras editadas por el organismo, con especial atención a los sectores vulnerables de la población; comercializar y consignar libros y publicaciones periódicas; distribuir de forma onerosa (sic) o gratuita dentro del territorio nacional e internacional las ediciones de sus publicaciones, así como de casas editoriales nacionales o extranjeras”.
El anteproyecto también busca que el fondo, dirigido por el escritor Paco Ignacio Taibo II, reciba y otorgue donaciones de material bibliográfico dirigidas al fomento de la lectura y el libro.
“Promover acciones para el fomento a la lectura y el libro en el país y en el extranjero, en coordinación con las autoridades competentes”, agrega.
El documento destaca que el FCE ha llevado a cabo acciones para acercar los libros a los diferentes sectores de la población, entre las que se encuentran el lanzamiento de la colección Vientos del Pueblo, que tiene un precio de venta al público de nueve a 20 pesos por libro; la colección 21 para el 21, dirigida por el FCE con el fin de publicar ediciones gratuitas y llevar a sectores estratégicos de la población acciones concretas de fomento a la lectura.
Además, en colaboración con Educal, señala, se ha logrado establecer una red de librerías a lo largo de la República Mexicana en 114 puntos y ha publicado un total de mil 912 obras, de las cuales 604 son novedades y mil 317 reimpresiones, que representan un total de 13 millones 249 mil 484 ejemplares producidos.
Gerardo Ochoa Sandy, especialista en gestión cultural y autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo, y el exgerente editorial del FCE, Tomás Granados Salinas, coinciden en señalar que el decreto no implica ningún cambio de figura jurídica de la editorial mexicana porque se trata de un organismo descentralizado desde el 26 de julio de 1994, pero sí se reforman los artículos sobre las actividades a su cargo, con lo que se crea una superdependencia que editará, promoverá, distribuirá y comercializará las obras literarias y científicas, y además tendrá a su cargo el fomento a la lectura y el libro a nivel nacional e internacional.
Leer también: AMLO revela que ocho funcionarios de su Gabinete dejarán su cargo para buscar una candidatura
Para Ochoa Sandy este decreto pretende dar sustento legal a lo que ha hecho Paco Ignacio Taibo II “al margen de la ley desde 2019: el uso del presupuesto y de la planta laboral de Publicaciones y Educal, dependientes de la Secretaría de Cultura”, bajo la subordinación del FCE.
Tomás Granados Salinas, quien fuera gerente editorial del FCE, apunta a un asunto importante de procedimiento: el estatuto del FCE, que señala: “sólo podrá ser modificado por acuerdo de la Junta Directiva”, por lo que, en estricto sentido, un decreto como el anteproyecto citado no viene a cuento, pues bastaría con que esa Junta de Gobierno acuerde los cambios.
Sin embargo, este anteproyecto de decreto enviado por el Presidente no cita ni parece considerar a la Junta de Gobierno del FCE, conformada por las más importantes instituciones culturales y educativas del país.