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A unos días que se cumplan 53 años de la matanza estudiantil de 1968 , el presidente Andrés Manuel López Obrador alista un decreto para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, es decir, durante la llamada “ Guerra Sucia ”, y cuyo informe final será entregado a las autoridades judiciales para “sus efectos conducentes”.
En un anteproyecto enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL se señala que el objetivo del decreto es el de implementar acciones concretas que permitan esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia política comprendido de 1965 a 1990 “y con ello brindar a las víctimas y sus familiares garantías para el acceso a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación integral y la no repetición de estos hechos”.
El 23 de septiembre de 1965 ocurrió el ataque al cuartel militar en Madera, Chihuahua, por parte del Grupo Popular Guerrillero (GPG), encabezados con Arturo Gámiz y Pablo Gómez Ramírez, con lo que marca el inicio de la guerrilla en México .
La Comisión, indica el decreto −que se prevé sea publicado en las siguientes horas en el Diario Oficial de la Federación (DOF)− entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes, señala el documento.
Detalla que la comisión estará integrada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración −en representación de Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación− quien la presidirá; por el canciller Marcelo Ebrard ; por Rogelio Ramírez de la O , titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación, así como por Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y por el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La Comisión también estará integrada por cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional” que contribuyan con el objeto de la Comisión, quienes serán propuestas conjuntamente por un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, un representante de las víctimas, sus familiares y de las personas sobrevivientes, con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El anteproyecto indica que esta Comisión presentará al presidente López Obrador, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general.
Destaca que esta comisión entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes, señala el documento.
También se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.
El documento señala que la instalación de la Comisión se llevará a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, y en su primera sesión aprobará los lineamientos para su organización y funcionamiento.
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