Para mitigar los riesgos a la seguridad nacional y regional, el 25 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, a fin de que se actualice la lista de elementos sujetos de control y eventual prohibición.
El fin de la propuesta es dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia, así como mitigar los riesgos a la seguridad nacional que implica el uso y circulación de sustancias químicas, específicamente las que pueden ser utilizadas en la fabricación directa o indirecta de armas químicas.
También busca armonizar esa norma con las modificaciones realizadas a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, además de cumplir los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia.
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Expertos consideran que con esta propuesta el Ejecutivo federal busca cerrar cualquier resquicio que ponga en peligro la seguridad por la posible elaboración y tráfico de químicos para fabricar armas.
“Ese tipo de iniciativas no son casualidad, no es nada más que se les haya ocurrido”, señala la internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, Arlene Ramírez Uresti, quien en charla con EL UNIVERSAL considera que se trata de una propuesta pertinente en función del contexto regional y nacional, pues busca corregir vacíos legales que pudieran poner en riesgo la seguridad del país ante potenciales ataques del crimen organizado.
“Tenemos que reconocer que la capacidad operativa de los grupos del crimen organizado ha rebasado el marco legal y el entramado preventivo legal; hoy es pertinente y, sobre todo, pensando en que las sustancias químicas en muchos sentidos pudieran ser incluso comercializadas para fines muy diferentes a los que nos imaginamos, y que son además totalmente fuera de la regulación actual en México”, advierte.
Apunta que esta iniciativa “es una acción para curarnos en salud y para de alguna forma sentar el precedente de que en México se está trabajando desde el marco normativo no sólo para el cumplimiento de los tratados internacionales, sino para realmente tener un contexto legal que nos permita evitar el escalamiento en la manufactura eventual de este tipo de armas”.
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En contraste, Benjamín Ruiz Loyola, excolaborador de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, descarta que los grupos criminales que operan en México estén interesados en entrar al negocio de ese tipo de armas.
“Cualquiera que tenga acceso a ciertas materias primas puede elaborar armas químicas. La pregunta sería para qué. No les va a redituar económicamente porque necesitan equipo de protección mucho más sofisticado que el que utilizan en sus laboratorios para la fabricación de metanfetaminas o de fentanilo.
“Si hubiera un vínculo entre grupos terroristas internacionales y el narco en México sí vería un riesgo, pero de momento no lo creo. Es mucho más fácil comprar con dinero a autoridades o seguir haciendo fentanilo porque deja una ganancia más grande y más rápida. Mercado para fentanilo hay muchísimo en Estados Unidos, el mercado para armas químicas sería terriblemente restrictivo”, explica.
El también académico de la Facultad de Química de la UNAM señala que la iniciativa no es nada nuevo, pues México es parte de la Convención sobre las Armas Químicas y en consecuencia está obligado a homologar su marco legal.
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Apunta que lo más importante es que el país cuente con un reglamento de la ley para el control de sustancias químicas “que norme quiénes, cómo y cuándo. Entonces, queda muy al arbitrio de las autoridades designar quiénes son los inspectores nacionales, en qué casos lo van a hacer, cómo lo van a hacer; es decir, una ley que no está reglamentada no sirve de mucho”.
Para Carlos Antonio Rius Alonso, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, la solución no está en prohibir, sino en regular el consumo y uso de sustancias químicas, lo que implica costos. “El gobierno debería de tener agencias bien capacitadas y con suficientes recursos para tener seguimiento de las sustancias e intermediarios. De esta forma se garantiza el uso eficiente y no su desviación para fines ilícitos”, dice.
Entre las sustancias que la iniciativa propone controlar están mostazas de azufre y de nitrógeno, saxitoxina, ricina, fluoruros de p-alquil, metil fosforamidofluoridato, cianuro de hidrógeno, cloruro de cianógeno y sustancias químicas que contengan un átomo de fósforo al que esté enlazado un grupo metilo y etilo o propilo.