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Mujeres agredidas sexualmente por autoridades municipales, estatales y federales unirán sus voces en la campaña Rompiendo el Silencio: Todas Juntas Contra la Tortura Sexual, relanzada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
La campaña, que concluye el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, busca visibilizar el fenómeno de las agresiones sexuales cometidas contra la población femenina durante las detenciones. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi, entre 2009 y 2016, ocho de cada 10 mujeres capturadas fueron víctimas de tortura antes de ir ante un juez.
Esta acción social expondrá casos como el de Mónica Esparza, quien desde el Centro Femenil y de Readaptación Social Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos, espera justicia. Ella fue víctima de tortura sexual de policías municipales de Torreón, Coahuila, y ha pasado seis años en prisión por delitos que asegura no haber cometido.
Fue detenida el 12 de febrero de 2013 y, con golpes y violaciones, las autoridades locales lograron que firmara un documento en el que aceptaba su participación en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego. Además, le hicieron testificar que formaba parte del grupo delictivo Los Zetas.
El caso de Mónica, publicado en las páginas de EL UNIVERSAL el 22 de abril, ha llamado la atención de organismos locales e internacionales.
El equipo legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) confía en que eso y que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha comprobado los delitos que presuntamente cometió Mónica, permitan su liberación.
Los abogados del Prodh critican a la antigua Procuraduría General de la República (hoy FGR) por haber extendido el proceso legal sin tener pruebas contra Mónica. Lo único que tienen es el reporte de los policías municipales, las declaraciones de Mónica y las de otras dos personas detenidas con ella.
“Quisieron callarme con 108 mil pesos”
Aunque no hay muchos datos sobre la cantidad de víctimas de tortura sexual, organizaciones sociales han hecho el esfuerzo por encontrarlo. En 2016, Amnistía Internacional (AI) contabilizó 33 casos en los que hubo violaciones y otros 72 en los que se presentó algún tipo de abuso sexual y violencia sicológica.
Por su parte, el Centro Prodh ha revelado que, entre 2006 y 2015, hubo 29 casos. La Policía Federal habría participado en 11 incidentes; el Ejército, en seis, y la Marina, en dos. El resto de abusos habría sido cometido por presuntos policías municipales y estatales.
Entre las sobrevivientes que participarán en la campaña se encuentra María Magdalena Saavedra, quien fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 10 de mayo de 2013. Según su relato, los marinos entraron a su domicilio, en San Luis Potosí, y le preguntaron “dónde estaba el dinero y el material”; con golpes y jaloneos, las autoridades se habrían llevado a la mujer para posteriormente violarla y darle descargas eléctricas.
Aunque no hay ningún integrante de esta institución castigado por el crimen, la CNDH emitió la recomendación 20/2017, con la que acreditó las vejaciones cometidas.
“Esta situación es horrible, pasas muchas humillaciones. Estos señores te desgracian la vida, te la quitan. Es horrible, pero debes sonreír para no mortificar a la familia con consecuencias mentales”, expresa la víctima.
Recrimina que acceder a la justicia por este tipo de casos es complicado, porque las mismas autoridades no reconocen las violaciones a derechos humanos que sus elementos cometen.
“Ellos nos interponen recursos legales y no legales. En mi caso, los agresores siguen libres y ya vamos para 2020. No he podido ni siquiera conformar un expediente para que los aprehendan a pesar de que mi secuestro y mi violación están comprobados. No he podido hacer nada porque se trata de la ‘honorable Secretaría de Marina’ y se debe ‘respetar’”, lamenta.
También asegura que, en la cárcel federal en la que estuvo encerrada, integrantes de la Marina la visitaron para ofrecerle 108 mil pesos para reparar el daño: “A ese extremo llegaron. En papel, me ofrecían eso, pero verbalmente un almirante me mencionó una cantidad estratosférica; me dijo que él sabía que dentro de sus ‘hijitos’ había ‘manzanitas podridas’”.
La detuvieron por 5 mil pesos
Otra de las mujeres que participará en la campaña lanzada por el Centro Prodh es Denis Francisca Blanco, detenida por elementos de la Semar el 27 de agosto del 2011. Ella relata que los marinos ingresaron a la casa de su pareja, Korina Utrera, en Villahermosa, Tabasco, mientras estaban dormidas.
Las dos mujeres habrían sido atacadas sexualmente en la habitación donde se encontraban y luego sufrieron asfixias, golpes, más violaciones, choques eléctricos y otros abusos.
En entrevista, Denis recuerda que, cuando fueron capturadas, escuchó cómo un agente pidió dejarlas en libertad debido a que no las estaban buscando a ellas, pero otra persona alegó que ya estaban muy golpeadas y que el gobierno los podría recompensar con 5 mil pesos por haber detenido a algún integrante de un grupo delictivo.
“Sobrevivimos a una injusticia, a algo tan horrible como una violación y a la tortura cometida por alguien que pensábamos que nos protegía. Nunca vimos la realidad, hasta que nos pasaron las cosas. Entendimos que a nosotras nadie nos protege... La única protección que tenemos somos nosotras mismas”, comenta Denis.
Luego de las agresiones que recibió, y de haber estado en prisión entre 2011 y 2016 por el delito de delincuencia organizada que no se le pudo comprobar, Denis trata de recuperar su vida, aunque se ha encontrado con las estigmatizaciones de la sociedad.
“Con lo que ocurrió, cambió mucho el sentido de mi vida, e incluso afectó a mi familia. Por ejemplo, después de un mes de salir de prisión, yo estaba en la calle, con mi sobrinita, y de pronto una prima me gritó: ‘¡Denis, métete! ¡Ahí vienen los marinos!’ Me dio a entender que yo siempre debo ocultarme de ese tipo de personas”.
Denis continúa tomando terapia para superar las secuelas que padece desde hace ocho años, y con la campaña Rompiendo el Silencio espera ayudar a mujeres con experiencias similares que todavía no han alzado la voz.
“Buscamos que se haga justicia, que quienes están en la cárcel no se queden calladas con ese miedo y con ese odio adentro. Todas sentimos el rencor y la impotencia, pero no debemos guardar silencio: hay que denunciar lo que está pasando”.
