La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que obliga al Estado mexicano a reabrir las investigaciones de la muerte de Digna Ochoa es paradigmática, porque representa una oportunidad para mejorar la protección a las personas que defienden derechos humanos, consideró el senador Emilio Álvarez Icaza, quien señaló que “Digna fue atacada en un momento donde había una condición de impunidad estructural, y eso sigue vigente”.
En entrevista con EL UNIVERSAL , el legislador del Grupo Plural destacó que con este fallo se pide el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas y abrir un mecanismo para proteger a testigos.
“Se pide la constitución de un Premio Nacional que reivindique la labor de las defensoras en un momento muy crítico en este país, donde se mata a periodistas, se matan defensores, se mata a protectores del medio ambiente, de manera que es un tema que lamentablemente tiene una tremenda actualidad”.
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Puntualizó que la Corte-IDH estableció que hubo grandes debilidades en la investigación, que se trastocaron el debido proceso y la debida diligencia, y señaló con mucha claridad que no se establecieron los debidos mecanismos, al punto de sugerir ampliar líneas de investigación sobre “por ejemplo, la posible y eventual participación de redes de narco criminalidad, que vincularan a servidores públicos, incluidos los de las Fuerzas Armadas.
“Estas líneas tendrán que ser retomadas y claramente señala que la investigación estuvo plagada de irregularidades, entre otras, una parte importante de la legitimación social que se hizo de la hipótesis del suicidio, lo que dice es que claramente se afectó la honra y la reputación de Digna Ochoa”, enfatizó.
Álvarez Icaza recordó que se trata de un caso que tardó 20 años que conoció muy de cerca.
“Yo emití dos informes especiales y una recomendación como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y la familia ha tenido que pasar 20 años de lucha, y hoy la Corte les da la razón. Pasaron por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pasaron por la Comisión Interamericana y hoy por la Corte. En el cumplimiento de la sentencia no sólo se honra a Digna, sino a su persona, se reivindica a las personas defensoras de Derechos Humanos y en particular a las mujeres, por esta mujer tan valiente y ejemplar”, remarcó.
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−¿Después de 20 años, usted cree que todavía se puede hacer justicia?
−Yo pienso que si hay voluntad política sí, por eso creo que tiene un componente de dos dimensiones. Un componente en materia de reivindicación y un componente de carácter paradigmático, porque en la atención a este caso se puede ayudar a proteger a más personas defensoras de derechos humanos, porque se requiere de elementos de política pública para defender a los defensores en un momento, en México, donde los defensores están bajo ataque, bajo asedio incluso desde los más altos niveles del poder. No sólo a veces son las agresiones físicas, sino a veces las agresiones que vienen desde el propio presidente en sus “mañaneras”. Esta sentencia debería llevar a una reconsideración de líneas narrativas que agreden a las personas defensoras y contribuyen al riesgo.
−El Gobierno de México expresó su voluntad de acatar esta sentencia de la Corte Interamericana
−Es una sentencia inatacable y lo que el Estado mexicano tiene que hacer es cumplir. No le queda de otra. Ya el Estado mexicano litigó lo que tuvo que litigar durante el juicio y ya se emitió una sentencia, lo que México tiene que hacer es cumplir. No hay margen, y lo que dice la cancillería es que se actuará conforme a las obligaciones internacionales de México. Es lo que toca. Y lo que esperamos es que haya un cumplimiento real, no una simulación de cumplimiento.
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