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La Secretaría de la Función Pública (SFP) advirtió que los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, tiene la obligación legal de presentar su declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020.
“Lo cual no sólo es un compromiso legal, sino también ético para refrendar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de México”, aseguró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros .
Por medio de un comunicado, la funcionaria reiteró que debido a la pandemia de Covid-19 para el caso de servidores niveles como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, emitirá un acuerdo para extender el plazo de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses hasta el 31 de diciembre de 2020, para que cumplan con dicha obligación.
Entre los trabajadores que presentarán por primera vez su declaración patrimonial se encuentran policías, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros, entre otros.
La secretaria Sandoval explicó que con la extensión del plazo se busca “facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de servidores públicos que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción”.
La funcionaria criticó que la obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un “exceso” de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el sexenio pasado.
Además, dijo, es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.
La secretaria Sandoval recordó que la Función Pública trabaja para evitar contratiempos y lograr la simplificación al máximo de los formatos para la declaración patrimonial de 2020 en los niveles inferiores de la administración pública.
Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del SNA.
Por ello invitó al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a esa problemática.
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