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Detener la militarización de las fronteras y preservar la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo, pidió a México y los países centroamericanos la organización no gubernamental estadounidense Médicos por los Derechos Humanos (PHR), que en su más reciente reporte demandó a Washington abolir “inmediatamente” los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y las políticas de “dosificación” del flujo migratorio y de tercer país de refugio.
El informe del organismo presentado ayer en Nueva York confirma, con base en evaluaciones clínicas de adultos y niños mexicanos y centroamericanos que esperan en Tijuana, Baja California, su ingreso a Estados Unidos, la violencia y persecución de la que son víctimas los solicitantes de asilo. Pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentar los factores que llevan a estas personas a viajar a la frontera norte, “especialmente la violencia de actores estatales y no estatales”, así como la “impunidad endémica” que prevalece en los casos de “violaciones a los derechos humanos”.
En sus recomendaciones a México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, subraya la necesidad de dar seguimiento a los casos de solicitantes de asilo que la administración Trump repatria mediante los MPP y asegurar que el principio de no retorno a sus países de origen sea respetado, además de proporcionarles servicios básicos adecuados mientras esperan en México, incluyendo el acceso a servicios médicos y de salud mental.
De la misma forma, propone establecer mecanismos para identificar a cualquier solicitante que pueda enfrentar riesgos si es devuelto a su país de origen y darle protección efectiva e inmediata, medida que debe hacerse extensiva a las personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los solicitantes de asilo.
Al Congreso estadounidense, el estudio de PHR coordinado por la investigadora Tamaryn Nelson le recomienda ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la “abolición inmediata” de los MPP y de la práctica de dosificación (metering), del mismo modo que cesar el financiamiento de cualquier política que pueda afectar el derecho a solicitar asilo, como los programas piloto que autorizarían a policías -y no agentes especializados, como sucedía- efectuar Entrevistas sobre Temor Creíble (CFIs) a los peticionarios.
Enfatiza que debe financiarse al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para la realización apropiada de las entrevistas citadas, que son un paso clave en el proceso de asilo, y reclama al Capitolio apoyar públicamente el trabajo de los organismos que defienden a los solicitantes “del lado estadounidense y mexicano de la frontera y monitorear cualquier amenaza a su capacidad de desempeñar este trabajo”.
Entre los testimonios dramáticos que el reporte incluye está el de Natalia (nombre ficticio) una joven de alrededor de 20 años que escapó en México de su esposo Alejandro, un adicto a las drogas y apostador que acabó trabajando para un grupo criminal y dio con ella y sus hijos en otra localidad, luego de separarse.
“Te encontré, perra. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácil de mi? Ya tengo a alguien que te comprará a ti y a tus sucios hijos. Verás cómo sufres cuando abran a tus hijos”, dijo Alejandro al aludir a la persona que cosecharía sus órganos. Natalia y los menores huyeron en autobús esa misma noche a Tijuana, donde autoridades mexicanas le impidieron pedir asilo en la frontera y le indicaron que debía “hacer fila”.
Sin recursos, la joven pasó al menos dos meses en un asilo y la evaluación clínica de PHR confirmó el daño sicológico y emocional que sufrió a manos de Alejandro. “De vez en cuando me asusta que vaya a aparecer en la puerta y que dañe a otras personas disparando al azar”, comenta.
