En medio de un cuestionado proceso, este domingo se realiza la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el periodo 2024-2028, en la que por primera vez en la historia del instituto un dirigente podrá reelegirse.
Alejandro Alito Moreno Cárdenas lleva cinco años en la presidencia del tricolor, periodo en el que este partido ha tenido resultados electorales desastrosos que lo han llevado a un franco declive, al no sólo perder 11 gubernaturas, sino muchos espacios en los Congresos federal y estatales y más de 80% de su militancia.
En 2019, Alito Moreno fue electo presidente del tricolor, luego de solicitar licencia a la gubernatura de Campeche, para encabezar un partido roto y debilitado tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2018.
Cercanos al dirigente priista aseguran que en ese entonces soñaba con convertirse en candidato presidencial, pero sus aliados del PAN y el PRD se negaron a respaldarlo en esa aventura. “Ni pienses que te vamos a apoyar en esa pretensión”, le advirtieron en una reunión privada a finales de 2020.
Fue entonces cuando comenzó a maquinar la forma de permanecer al frente del PRI más allá del mandato legal para el que había sido electo, es decir, de agosto de 2019 a agosto de 2023.
Luego del fracaso del partido en las elecciones de 2021, un grupo de exlíderes priistas se reunió con Alito Moreno para exigirle cuentas e incluso algunos de ellos le pidieron su renuncia, lo cual fue rechazado por el político campechano.
A ese encuentro en la sede nacional del PRI acudieron los expresidentes del tricolor Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, José Antonio González, Roberto Madrazo, Carolina Monroy, Beatriz Paredes, Humberto Roque, Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri, además de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces coordinador de la bancada priista en el Senado, quienes ya sospechaban de las pretensiones de Moreno para permanecer al frente del partido más allá de su mandato original.
El 8 de mayo de 2023, tres meses antes del fin de su presidencia, el Consejo Político Nacional del PRI, controlado por Alito Moreno, aprobó extender su mandato un año, hasta después de las elecciones presidenciales, decisión que fue avalada por el Tribunal Electoral.
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Al mismo tiempo, el líder priista comenzó a deshacerse de sus críticos y detractores dentro del partido e inició una “purga”, al expulsar a exgobernadores que aceptaron cargos diplomáticos en la administración morenista, entre ellos, Quirino Ordaz, Miguel Aysa González, Claudia Pavlovich y Omar Fayad.
Además, destituyó a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación en el Senado, lo que provocó la renuncia al partido del propio exsecretario de Gobernación y de sus compañeros Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga.
Semanas después salieron del PRI el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes se sumaron, junto con Eruviel Ávila, a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.
Con la cancha libre para mover las piezas a su antojo y pese a los pésimos resultados en las elecciones del 2 de junio, Alejandro Moreno convocó a asamblea nacional del tricolor el 7 de julio para reformar los estatutos partidistas y permitir la reelección de la dirigencia hasta por dos periodos, con lo que se enterró el postulado fundacional del PRI de no reelección, vigente durante 95 años.
Ante estos hechos, los expresidentes del PRI Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa presentaron una serie de impugnaciones a la asamblea nacional, a las modificaciones estatutarias y al proceso de renovación del CEN, ante las instancias del partido, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se anulen esos procedimientos, que a decir de los inconformes, son claramente ilegales, pues la ley electoral prohíbe reformar los estatutos de un partido político mientras esté en curso un proceso electoral, como es el caso.
Los priistas disidentes alegan también que la convocatoria para la elección de este domingo debe invalidarse, puesto que está fundamentada en nuevos estatutos que ni siquiera han sido aprobados por el INE.
