El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila para exonerar al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue acusado de utilizar el taller mecánico de este órgano para la reparación y remozamiento de cinco autos de colección que tienen un valor superior a los 2 millones de pesos.
Según fuentes del tribunal, el proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata señala que Fuentes Barrera no cometió ninguna falta administrativa, ya que no se acreditó que haya utilizado el taller del TEPJF para la reparación de estos autos clásicos y que únicamente contrató los servicios del mecánico Leonel Fajardo Rosas, que ahí laboraba.
Consultado en ese momento sobre el caso, el magistrado reconoció que sus vehículos fueron reparados en el taller del Tribunal Electoral porque así lo decidió el mecánico que contrató, y afirmó que el costo por cada automóvil fue erogado de su bolsillo.
En ese mismo mes, una persona de nombre Jorge Puebla Rangel presentó una denuncia, asentada en el expediente con folio SUP-QRA-1/2021, según estrados electrónicos, contra Fuentes Barrera, por “diversos actos y omisiones que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas atribuidas” por el presunto uso del taller del TEPJF.
El 2 de junio, la Sala Superior se erigió como única autoridad competente para investigar y resolver la responsabilidad administrativa en la que pudiera incurrir alguno de sus magistrados y que la magistratura electoral instructora, en este caso la de Felipe de la Mata, es quien puede investigar y sustanciar la queja presentada contra un integrante.
Así, sostuvieron las fuentes consultadas, se pidió a 23 áreas del TEPJF informar si conocían de queja o denuncia contra Fuentes Barrera, o si existía alguna investigación abierta. Todas las áreas informaron que no había algún procedimiento, de acuerdo con datos del propio Tribunal Electoral federal.
Según lo dicho por las fuentes, en el proyecto se señala que la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (DGIRA) informó que hubo un escrito anónimo, que se recibió el 3 de mayo, por el que se inició un procedimiento administrativo en contra de otros servidores públicos y en el cual se planteó el presunto mal uso del taller del tribunal para la reparación de automóviles propiedad de Fuentes Barrera.
Durante este periodo de seis meses de investigación, Fuentes Barrera rindió un informe en el que dio a conocer que a través de personal de su ponencia conoció a Leonel Fajardo Rosas, mecánico en el taller donde se reparan los automóviles del TEPJF.
Pese a que el mecánico aceptó ante la DGIRA que sí se repararon en talleres del tribunal, se consideró que sus dichos no tienen valor porque fueron emitidos en un procedimiento irregular sobre la que esa dirección de responsabilidades administrativas no tenía competencia y que sólo la Sala Superior podía investigar.
Fuentes Barrera presentó pruebas: recibos de pago, finiquito, impresiones fotográficas e instrumental de actuaciones.
Según lo asegurado por las fuentes, se concluye que el magistrado Fuentes Barrera y el mecánico Leonel Fajardo Rosas celebraron un acuerdo de voluntades para la reparación de los cuatro vehículos antiguos.
Por su parte, Leonel Fajardo Rosas, en su comparecencia testimonial ante la Dirección General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas del TEPJF, reconoció, expresamente, que aceptó reparar los vehículos del magistrado Fuentes Barrera y que le informó el tiempo y costo de su trabajo.
Asimismo, indicaron que, de acuerdo con la investigación, se puede desprender que lo manifestado por Fajardo Rosas es una confesión expresa que hace prueba plena de la existencia de un contrato verbal con el magistrado Fuentes Barrera para reparar los autos.
Además, se determina que el mecánico, a cambio del servicio de reparación de autos, recibió de parte del magistrado Fuentes Barrera pagos de manera periódica a partir de junio de 2016 y hasta octubre de 2020. Ello se acreditó con documentos presentados por el juez denunciado. Se asentó también que los pagos fueron del recurso propio de Fuentes Barrera.
Igualmente, aseguraron que no se acreditó la utilización de refacciones propiedad del TEPJF, tampoco hubo recursos públicos en supuestos viajes al extranjero para conseguir las autopartes.
Las fuentes consultadas detallaron que a juicio de la Sala Superior no hay pruebas que lleven a concluir que Fuentes Barrera incurrió en faltas administrativas por el supuesto uso indebido de recursos públicos con la finalidad de obtener un beneficio personal o para otras personas o que haya incurrido en abuso de sus funciones para lograr ese fin.
Por ello la propuesta es declarar que no existe la comisión de ninguna infracción administrativa por parte del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Las fuentes del TEPJF consultadas informaron que el plazo para resolver este asunto, es decir, que se someta a análisis, discusión y votación del pleno, es hoy, 13 de diciembre.
Antecedentes
Fuentes Barrera llegó en noviembre de 2016 al TEPJF. Durante los siguientes cuatro años ordenó que se atendiera el servicio para cinco vehículos: un Chevy Nova hatchback modelo 1975; Chevrolet Chevelle modelo 1969; Chevrolet Bel Air 1953, aparentemente el automóvil sería propiedad del hijo del magistrado Fuentes Barrera; Ford Galaxie 1967, y un Ford Mustang Mach One modelo 1973, para su restauración.
En mayo pasado, Fuentes Barrera dijo a EL UNIVERSAL: “Yo contraté al mecánico de ese taller por la confianza, fue un contrato de carácter personal y privado.
“Puedo comprobar con el contrato (…) Yo dispuse de mis recursos y no de los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la restauración de los vehículos”, puntualizó. Este diario buscó la declaración patrimonial del magistrado, pero no es pública.
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