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Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural en el Senado alistan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto publicado por el Ejecutivo federal, que permite a legisladores, gobernadores y demás funcionarios, incluido el Presidente del país, promover el ejercicio de revocación de mandato, avalado esta semana por el Congreso de la Unión.
Los legisladores de oposición presentarán también la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control de la Cámara Alta por la ausencia al excusarse de conocer y votar un asunto del cual esperan derivar un beneficio personal en el procedimiento sancionador, al cual están sujetos por hacer propaganda gubernamental en el plazo prohibido por la Constitución.
Argumentaron que el jueves 17 de marzo, la mayoría en el Senado avaló un dictamen con proyecto de decreto que contiene errores y con el que pretende hacer una interpretación de diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Federal de Revocación de Mandato.
El motivo principal es que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios y lograr así que legisladores, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el Presidente, puedan promover la consulta popular, destacaron en un comunicado.
“Si bien el espíritu del dictamen, aprobado ya por ambas Cámaras, y publicado en el Diario Oficial de la Federación [DOF] en su edición vespertina del mismo 17 de marzo de 2022, resulta en un fraude a nuestra Ley Suprema, con la finalidad de dejar sin materia los procesos judiciales derivados de las violaciones cometidas por los partidarios de Morena, también incurre en un importante error en la lectura de las leyes que busca interpretar”.
El bloque de contención y el Grupo Plural señalan que, derivado de una amplia reforma en materia de violencia política de género publicada en el DOF el 13 de abril de 2020, el orden de los incisos del numeral 1 del artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue modificado para adicionar uno nuevo, el B, que señala como infracciones el “menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta ley y de la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Esto no fue advertido por los iniciantes de la propuesta quienes, debido a la premura por modificar el texto y avalar una interpretación a modo, la elaboraron sobre el texto no reformado. Producto de este error es que el decreto en su artículo primero sobre la interpretación a la figura de propaganda gubernamental cita erróneamente el inciso B (violencia política de género) en vez del C (propaganda gubernamental).
Mientras que en el segundo artículo del decreto hay una sobreinterpretación del principio de imparcialidad; se indica de manera errónea el inciso C ( propaganda) en vez del D (principio de imparcialidad).
La oposición en el Senado indicó este error; sin embargo, en la cerrazón del oficialismo fueron ignoradas durante el debate.
Por ello, la oposición señala que esto no es un error menor; no se trata de una confusión que pueda ser sujeta a cambios a posteriori, tampoco sería posible resolverlo con una fe de erratas o una aclaración.
Por separado, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, informó que esa bancada presentará dos acciones de inconstitucionalidad contra las propuestas aprobadas por Morena y sus aliados.
