Alfredo Cisneros Madrigal fue asesinado en febrero de 2023 por denunciar la tala clandestina en la región purépecha de Michoacán. El ambientalista se sumó a la lista de más de 225 defensores de la tierra víctimas de homicidio en México desde 2018. Con esta desalentadora cifra, el país ocupa el tercer lugar con más asesinatos cometidos por esta causa en América, de acuerdo con la organización Global Witness.
“Él creyó y defendió sus ideales hasta lo último, no tenía miedo de morir en absoluto, por eso yo le admiraba mucho, nunca tuvo miedo. Hablé con él dos horas antes de que le pasara eso, lo escuché emocionado y contento, me platicó de algunos proyectos que quería hacer”, cuenta su hijo Luis Miguel Cisneros a EL UNIVERSAL.
En Michoacán, la tala ilegal para abrir espacio a los cultivos de aguacate y la presencia del crimen organizado han terminado con los recursos naturales que los pueblos originarios, incluida la familia Cisneros, habían atesorado desde generaciones atrás. Así, la vida de miles de personas cambió cuando el aguacate comenzó a ser negocio en el municipio de Los Reyes.
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“Yo no lograba comprender estos temas: la tierra como una lucha histórica, que los pueblos hemos defendido nuestro territorio desde siempre, pero la otra lucha por la tierra en mayúsculas, es decir, por la vida.
“El aguacate nos está enfermando, el aguacate da mucho dinero y es mucha tentación para los grupos criminales”, relata el también defensor de los derechos de personas indígenas.
Al recordar que su padre no tenía enemigos, lo describió como una persona alegre, buen vecino y que intentaba ayudar de todas formas, hasta en lo económico. Alfredo Cisneros estudió la primaria y dedicó su vida a ser campesino y comerciante. En 2022 se involucró en la defensa de un territorio, y gracias a su liderazgo en la comunidad, se convirtió en presidente del comisariado de bienes comunales de Sicuicho. Comenzó a generar proyectos para proteger los bosques y se integró al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
“Era un terreno grande, los comuneros de mi pueblo legítimamente luchaban, llega el cambio del presidente de bienes comunales de mi pueblo y con ese antecedente y con esa lucha lo proponen, la gente decide que es él y lo asume. Mi papá decidió que se iba a dedicar enteramente al pueblo por tres años”, recuerda Luis Miguel, profesor rural.
La comunidad, cansada de la falta de respuesta de autoridades municipales, decide regirse por un autogobierno, hecho que también encabezó la organización y Alfredo Cisneros. A la par, denunciaban legalmente el robo de pino, la tala clandestina, invasiones y despojo de tierras. Las amenazas que recibía el ambientalista eran constantes.
Por lo anterior, su esposa le advirtió que no se metiera tanto en estos asuntos, porque podrían asesinarlo. “Mi papá creía mucho en las buenas cosas, él le contestó: ‘¿Y qué es la vida? No estoy haciendo nada malo ni estoy faltando el respeto a nadie, así que estoy haciendo lo que me toca, lo que lo que yo asumí’. Las amenazas fueron de todo tipo”, dice.
A unos meses de cumplirse dos años de su asesinato, aún no hay respuesta ni culpables, a pesar de que el Consejo Supremo, personas defensoras y la misma familia han dado seguimiento al caso en diversas reuniones. Además, en la misma región han asesinado a maestras, periodistas y activistas. “Teníamos casi dos meses de ser ya autogobierno y de tener nuestro presupuesto, y él ya llevaba procesos en diferentes instancias para denunciar la tala. [Su asesinato] fue por dos razones: lo del autogobierno y la defensa del territorio. Nosotros nos preguntamos si la vida de los defensores de los indígenas no valía o por qué son minimizadas”, lamenta Luis Miguel.
Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, describe cómo Cisneros se encargaba de defender los bosques y el territorio de Sicuicho, zona invadida por monocultivos, principalmente de aguacate.
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“Había denunciado ante las instancias correspondientes, semanas antes de su asesinato, a la Fiscalía de Medio Ambiente, Fiscalía General del Estado, el Gobierno del Estado; había denunciado la tala clandestina y también como autoridad comunal, pues estuvo en contra del cambio de uso de suelo y para los monocultivos ese fue una de las áreas que él tenía por ser comisariado, la comunidad se lo encargó”, cuenta a su vez Ulianov Guzmán a EL UNIVERSAL.
Al describirlo como un personaje esencial en la organización del autogobierno, lamenta que hasta la fecha haya total impunidad, pues no hay detenidos por su muerte. El activista recordó que desde 1974 suman 70 líderes indígenas y defensores de los derechos humanos asesinados o desaparecidos por proteger el territorio, los bosques o la vida en Michoacán. “En todos los casos hay total impunidad, por ejemplo, el más antiguo es el de la familia Guzmán Cruz, de la cual yo soy integrante, a la fecha hay total impunidad, ahí lo desapareció el Ejército y el caso está en la comisión de Derechos Humanos y han sido asesinados también muchas autoridades indígenas”, dice Pavel Ulianov Guzmán.
Agregó que en otros pueblos con presencia de empresas mineras y monocultivos han asesinado a 26 activistas. “En México, más de 70% de los asesinatos de 2023, fueron de indígenas, hubo ataques en Jalisco, Colima y Michoacán... Michoacán fue el más peligroso, con ocho asesinatos documentados en 2023”, según el informe Voces silenciadas, publicado por Global Witness.