El Instituto Nacional de Migración (INM) ha registrado un mal desempeño en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En las cinco últimas revisiones practicadas, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibió señalamientos de hacinamiento “grave” en sus estancias, protocolos desactualizados, mala metodología para administrar riesgos, personal mal capacitado y posible desvío de recursos.
De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, falta de metodologías para administrar riesgos e incluso probables desvíos de recursos.
En la revisión a la Cuenta Pública 2018, el órgano fiscalizador emitió la auditoría de desempeño 2018-5-04K00-07-0021-2019, en la que determinó que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación no definió acciones de política ni elaboró directrices administrativas de carácter general que tuvieran por objeto atender integralmente el fenómeno migratorio en la frontera sur.
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En dicha auditoría se revisaron 21 estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur, de las cuales constató que en 12 (57.1%) se rebasó la capacidad, y la estación migratoria de Tapachula, denominada Siglo XXI, fue la que presentó el problema de hacinamiento más grave, al contar con una capacidad de 960 personas, pero con reportes de haber alojado hasta 5 mil 65 migrantes.
Ese mismo año se emitió la auditoría de cumplimiento 2018-5-04K00-19-0020-2019, en la que advirtió probables daños al erario por 401 millones 258 mil pesos. Como parte del mal uso de los recursos, se detectó falta de documentación que acreditara la prestación de servicios de vigilancia, así como trabajos de mantenimiento y conservación de inmuebles de baja calidad o inconclusos.
Un año más tarde, cuando tocó fiscalizar la Cuenta Pública 2019, la ASF publicó la auditoría de cumplimiento 2019-5-04K00-19-0010-2020, en la que reveló que el Manual de Organización General y el Específico del Instituto Nacional de Migración se encontraban desactualizados desde 2014.
En ese informe se volvieron a detectar probables daños al erario, ahora por 2 millones 379 mil pesos, por inconsistencias en las nóminas del instituto.
En la revisión a la Cuenta Pública 2020, al implementar la auditoría de cumplimiento a tecnologías de información y comunicaciones 2020-5-04K00-20-00 11-2021, la ASF reportó que el INM generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, algunas de ellas con indicios de ser fantasmas, y que fueron pagados a sobreprecio. Sólo por mencionar a una de las empresas, la ASF reportó que entre noviembre de 2020 y julio de 2021 Nemecisco, S.A. de C.V., recibió pagos por 92 mil 675 pesos, de los cuales redistribuyó 84 mil 499 pesos entre tres empresas nacionales y tres internacionales ubicadas en Panamá, Hong Kong e Israel, y cuentas en varias instituciones bancarias en el extranjero, en países como Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá, “cuyas operaciones no tienen relación con la prestación de los servicios proporcionados al INM”.
La última vez que la ASF auditó al INM fue en 2022, a través de una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño con número de serie 2021-5- 04 K00-21-0172-2022, y en la que se revisó la Cuenta Pública 2019.
En ella, se identificaron deficiencias en la gobernanza y el control interno del INM para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria.
La auditoría advirtió que el plan estratégico del instituto no está vinculado a los objetivos nacionales ni especifica la manera en que se logrará la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Programa Sectorial de Gobernación 2020- 2024 en materia migratoria.
El máximo órgano fiscalizador constató que para ese año el instituto seguía sin contar con los manuales actualizados en cuanto a estructura, funciones y organigramas se refiere.
Denunció que aun cuando el INM tiene un proceso de certificación de su personal, realizado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, “se identificaron servidores públicos en la plantilla vigente que no aprobaron dicho proceso en 2021”.
Se encontraron servidores públicos que no acreditaron el nivel académico requerido, los años de experiencia o el área de estudio requeridos de acuerdo con las cédulas de los puestos.
Finalmente, en esa auditoría se advirtió que el INM no acreditó tener una metodología de administración de riesgos “que le permitiera identificar, analizar, evaluar y ponderar riesgos que podrían interferir en cumplimiento del mandato legal del instituto”, se detalló.
A pesar de que de estas auditorías resultaron 96 recursos, entre recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa y pliegos de observaciones, hasta ahora ningún caso ha derivado en responsabilidad penal.
