Ante el incremento de agresiones en contra de la y luego del asesinato de la activista trans Samantha Gómez Fonseca, las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y el senador Joel Padilla solicitaron a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, dar celeridad a las investigaciones relativas a casos de crímenes de odio cometidos contra esta población.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las y el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pidieron a la Guardia Nacional y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informar mensualmente sobre los transfeminicidios y homicidios cometidos por razón de orientación sexual, identidad de género y otros delitos de odio en contra de la .

Asimismo, buscan que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos continúen con la difusión de la cultura de la paz y de derechos humanos hacia la comunidad LGBTTTIQ+, así como el respeto a la diversidad y la pluralidad que caracteriza a cualquier Estado democrático.

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Geovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT, indicó que, de acuerdo con medios de información, en lo que va de este año han sido asesinadas cinco mujeres de la comunidad trans y dos más han sido físicamente agredidas.

“Lo anterior es el resultado y reflejo de la exacerbación de un sistema patriarcal e intolerante que margina a un grupo de por sí vulnerable por la reproducción de patrones que promueven discursos que fomentan violaciones de derechos humanos”, mencionó la líder parlamentaria.

Geovanna Bañuelos recordó que históricamente la comunidad trans ha sido un grupo severamente castigado por la violencia, la segregación y el estigma.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, del Inegi, en 2018 el 74.8% de los hombres trans y el 74.4% de mujeres trans percibió haber sido por al menos un motivo en el último año. Además, el 50.3% de las mujeres trans y el 40.9% de hombres trans reportó que se les negó un derecho injustificadamente.

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