La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ordenó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un diagnóstico de las actividades de seguimiento de acciones formuladas por la auditoría durante la década de 2010 a 2020.
Lo anterior, al considerar que en la ASF existe un “rezago importante” con respecto a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por el máximo órgano fiscalizador del país, lo que derivaría en la pérdida de miles de millones de pesos.
“Se solicita atendiendo a la preocupación del aparente rezago en el cumplimiento de las actividades de seguimiento, lo cual pudiera implicar una probable prescripción de las acciones a implementar y, en su caso, un posible daño al erario público federal, a la concentración de atribuciones en una sola área o que no ha dado los resultados esperados la Auditoría Especial de Seguimiento”, señala el acuerdo aprobado en la Jucopo, que preside Ignacio Mier Velazco, el pasado 15 de noviembre.
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De acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL, de 2010 a 2020, la ASF realizó observaciones por un total de 754 mil 175 millones 883 mil pesos, a dependencias del gobierno federal, estados, municipios y órganos autónomos que probablemente hicieron mal uso del erario.
De ese total, en esa década sólo se recuperaron 62 mil 214 millones 669 mil 600 pesos. Desde la llegada de David Colmenares en 2018 a la ASF a la fecha, de 271 mil 487 millones que observaron, se reportaron recuperaciones por 5 mil 527 millones.
La poca recuperación de esa década ha encendido las alertas en San Lázaro, más aún cuando se tiene el temor de que, por el tiempo, muchas de las acciones estén a punto de prescribir.
“Ante este panorama, es necesario que la Auditoría Superior de la Federación dé cuenta ante esta soberanía, a través de la Comisión de Vigilancia, de la situación que guarda cada una de las acciones y sus posibles riesgos de prescripción, de acumulación de trabajo en una sola área, de discrecionalidad en la atención de las acciones y los riesgos que ello implica”, puntualiza el acuerdo.
Señala que de 2010 a 2020 se realizaron 16 mil 388 auditorías, de las cuales se generaron 105 mil 720 acciones; sin embargo, de ese total, al corte del 27 de octubre de 2022, la ASF reporta 8 mil acciones vigentes, de las cuales 5 mil 730 están en seguimiento.
Si dichas auditorías se dividen por lustros, se observa que de 2010 a 2015 se realizaron 8 mil 49 auditorías que derivaron en 62 mil 343 acciones; sin embargo, a la fecha apenas persisten 392 acciones vigentes aún en seguimiento, “con alta probabilidad de que se encuentren prescritas”.
En ese periodo se emitieron 88 pliegos de observaciones que también podrían haber caducado: “Ello implica que existen 88 casos en donde la actual administración al frente de la ASF no ha podido dar paso a los procedimientos de responsabilidades y/o posibles denuncias de hechos. Las implicaciones de que se materialice la prescripción de estos casos es que no se recuperen los recursos determinados o no existan las sanciones correspondientes”, indica.
En el periodo de 2016 a 2020, se advierte que se realizaron 8 mil 339 auditorías y resultaron 43 mil 337 acciones de observación, de las cuales, se encuentran en seguimiento 5 mil 338.
De ese total, se advierte que existen 730 casos de presuntas irregularidades “con riesgo y probabilidad de que entre esos casos pueda materializarse la prescripción”, mientras que en 4 mil 509 acciones están catalogadas como “en seguimiento”, “lo que implica que no se les ha dado trámite para determinar responsabilidades administrativas; en su caso, la presentación de denuncias”.
En ese sentido, la Jucopo advierte que la Auditoría Especial de Seguimiento “se ha convertido en un embudo en el que no avanza la atención o trámite de las acciones”.
Hace un año, el 15 de noviembre de 2021, el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, presentó su renuncia a la ASF tras denunciar que en e interior de este órgano fiscalizador se reformó el reglamento para concentrar la presentación de denuncias a la Auditoría Especial de Seguimiento.
“Delegar la altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento sin ningún contrapeso institucional me parece un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad, que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”, advirtió en su momento el entonces auditor, Gerardo Lozano Dubernard.
Datos de la Auditoría Superior de la Federación señalan que desde su creación en 1998 hasta 2020, el organismo ha presentado un total de mil 138 denuncias penales por daños al erario, de las cuales, 28 se presentaron en 2022 por observaciones que no se solventaron en cuentas públicas que van de 2016 a 2020.
Por lo anterior, el acuerdo de la Jucopo ordena a la Comisión de Vigilancia de la ASF “formule un diagnóstico de la numeralia de las observaciones, recomendaciones y acciones pendientes sujetas a procedimiento de seguimiento por la actual Auditoría Especial de Seguimiento”, así como sobre los informes e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación relativos a la revisión de la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2010 a 2020.
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