Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Congreso, para que Arturo Zaldívar extienda su mandato dos años más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México se ha sumado a una lista de países donde el Poder Judicial es intervenido por otros poderes y su independencia podría estar en riesgo, alertaron especialistas.
En los últimos años, naciones como Hungría, Polonia, Turquía, Egipto y Venezuela han impulsado acciones para que autoridades públicas del Estado tengan injerencia en la decisión de los jueces, en su permanencia en el cargo, incluso se les ha atacado a través de los medios de comunicación.
En 2018, en Hungría, se decretó una ley para crear tribunales encargados de atender temas gubernamentales y que serían supervisados directamente por el ministro de justicia. En Polonia, a principios de 2020 entró en vigor una ley que permite sancionar a los jueces que cuestionen públicamente las reformas emprendidas por el gobierno de esa nación.
Leer también: López, el dictador
En días pasados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó que el Poder Judicial de Venezuela está sometido al gobierno de Nicolás Maduro, porque el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario El Nacional pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, por supuesto “daño moral”.
Y en un caso mucho más extremo, en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha tomado medidas para sacar a sus opositores de instituciones públicas. Con ese objetivo ha ordenado la detención de 2 mil 400 jueces y ha despedido a 4 mil 200.
Panorama que se extiende
“Sí hay una tendencia particularmente del populismo y del nacionalismo para desprestigiar primero al Poder Judicial y después tratar de minar su independencia, especialmente porque en los países que tienen al menos algunas instituciones democráticas con un Poder Judicial independiente y autónomo, el Poder Judicial suele convertirse en un dique contra de las políticas autoritarias”, explicó Solange Márquez, experta en temas internacionales.
En el caso de México, la Cámara de Diputados aprobó hace dos días una ley con la que Arturo Zaldívar extenderá su mandato en la Suprema Corte hasta el 31 de diciembre de 2024.
La decisión ha sido ampliamente criticada por distintos sectores sociales, ya que el artículo 97 de la Constitución Política establece que los ministros presidentes tendrán un periodo de cuatro años en su cargo y no de seis, como ahora se pretende.
Leer también: AMLO y el dilema de la Corte
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch son algunas organizaciones que han visto un riesgo de que el Poder Judicial pierda autonomía porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejará el gobierno federal en 2024, ha celebrado la ampliación de mandato de su par en la SCJN.
Solange Márquez, doctora en Derecho e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, aseveró que la práctica de intentar influir en los Poderes Judiciales no es nueva, sino que data incluso del siglo pasado y ahora se está llevando a cabo en países gobernados por grupos considerados populistas o nacionalistas.
“Cuando llegan al poder estos grupos nacionalistas, antidemócratas, empiezan a desprestigiar a la propia democracia y empiezan a destruirla desde adentro, utilizando sus propios instrumentos, eso a través de tomar por la fuerza o a través de las urnas, como ha sucedido en el caso de México: se toma el Poder Legislativo primero [con el control por medio de los senadores y diputados], y después con cambios a la ley y a la Constitución se toma el Poder Judicial”, comentó la doctora en Derecho.
Esperan rechazo a reforma
Asimismo, Jorge Lara Rivera, abogado internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió en que la cooptación de los Poderes Judiciales no es algo nuevo y como uno de los ejemplos más extremos puso al régimen Nazi, que hizo uso de los jueces para mantenerse en el poder.
Si bien México está lejos de otros países que han tomado medidas extremas como la persecución legal, los expertos sí advierten que el Poder Judicial corre riesgo y esperan que sea la misma SCJN la que eche atrás el artículo 13 transitorio de la ley que le permite a Zaldívar Lelo de Larrea mantenerse en su cargo por dos años.
“Esta reforma es a todas luces anticonstitucional, es una reforma que no podría entrar en vigor sin generar una serie de crisis constitucional. En el contexto político es una amenaza ya real y, desde el punto de vista legislativo, es una jugarreta orquestada desde las más altas esferas del poder”, señaló Lara Rivera.
Leer también: Muñoz Ledo: “A tumbos, nuestra democracia avanza”