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Morena alertó el riesgo de regresión a los tiempos de consejeros electorales vinculados a los gobiernos estatales, según las designaciones que realizará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que asuman el cargo el 1 y 3 de noviembre.
El representante de Morena ante el INE, Jaime Miguel Castañeda, advirtió la inminente designación de consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) “a modo” en Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Baja California y Nayarit, y anticipó que todo se impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el caso de Quintana Roo, destacó el caso de Adrián Almílcar Sauri, sujeto a investigación interna y vinculado a una investigación penal, las tres propuestas de consejeros de Hidalgo, uno de Chihuahua, dos de Tlaxcala y uno de Tamaulipas, Jerónimo Rivera, ex responsable de la aplicación de programas sociales en la entidad.
El jueves pasado, la Comisión de Vinculación del INE con los OPL aprobó 37 propuestas de nombramientos como consejeros electorales en 13 entidades: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Con Morena expresó sus dudas también la consejera Dania Ravel, en el caso de Quintana Roo, donde la comisión avaló a Sauri Manzanilla, quien enfrenta una investigación ante el Órgano Interno de Control del OPL, pues está vinculado en una investigación por manipulación de listas nominales de electores en el estado.
Sauri es titular de la Unidad de Informática del OPL de Quintana Roo, y el caso por el que está señalado se abrió un procedimiento de remoción de consejeros locales —que no prosperó, aunque sí se acreditaron las faltas en el área de organización y de informática, a su cargo—, además de que aún están vigentes causas penales.
En ese caso, “advertimos una posible responsabilidad del funcionario que ahora proponemos nombrar (…) es muy grave la causa por la cual se dio la vista y por la cual hay un procedimiento penal, [esa conducta] podría implicar una violación directa al principio de legalidad”, argumentó.
Hay un posible delito electoral, indicó, y además el INE ordenó destruir la Lista Nominal de Electores (LNE) que el OPL tenía almacenada, pero Sauri reconoció que no lo hizo, por tanto, “está en incumplimiento de una instrucción que dio el instituto”. Recordó que por una conducta igual, han sido motivo de multas millonarias los partidos.
La consejera Claudia Zavala dijo que la falta consistió en no seguir los lineamientos establecidos para el manejo de la LNE.
