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El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, de los cuales ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances.
Al publicar su informe derivado de la visita realizada a México en noviembre pasado, el comité, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, concluyó que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas.
Recomendó al Estado acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana. “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, señaló.
Con base en información de la Secretaría de Gobernación, el CED reportó 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre de 2021 en México. De esas, señaló, se agregaron 112 durante su visita.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos anualmente en los últimos cinco años.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
Afirmó que las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. “No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia. Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, añadió.
En su informe, instó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública y regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Aseguró que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.
En este sentido, reiteró su recomendación al gobierno mexicano de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de militares de las tareas de seguridad pública.
El organismo argumentó que el enfoque de seguridad adoptado por el Estado mexicano desde los años 90 y fomentado por la reforma legislativa de 2006, que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a protección de derechos humanos.
Lamentó que esta tendencia continúe en el sexenio actual, lo que se demuestra con tres hechos: el decreto del 26 marzo de 2019 que reforma el artículo 21 de la Constitución y crea la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, que en sus disposiciones transitorias brinda una amplia intervención al Ejército y a la Marina en las labores de seguridad.
El acuerdo presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad pública en virtud del artículo 5 transitorio de la reforma constitucional; y la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019, que permiten la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública.
Subrayó que esta tendencia se observa también en la procedencia de los componentes de la Guardia Nacional: de sus 101 mil 182 elementos, 58% provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 26%, de la extinta Policía Federal, y 16%, de la Secretaría de Marina (Semar).
El comité hizo referencia sobre desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración, por lo que tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
Señaló que la “alarmante tendencia al aumento” de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Lamentó que hasta noviembre de 2021, sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre 2% y 6%, habían resultado en procesos penales, y sólo se habían dictado 36 condenas a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”, dijo.
Además externó su preocupación por la crisis forense que enfrenta el país, debido a que, de acuerdo con datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
