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En medio del desastre de nuestro sistema de seguridad y justicia, hay algunas señales alentadoras. Un número creciente de municipios ha iniciado un proceso de transformación de sus policías: Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza García, Ciudad Nezahualcóyotl, Chihuahua, Colima, Morelia, Querétaro, etc.
Cada caso es distinto, pero hay elementos comunes: un incremento del estado de fuerza, una mejoría de las condiciones laborales de los policías, el cambio de métricas de desempeño, una apuesta por la proximidad con la ciudadanía, la recepción directa de denuncias de delito, la construcción de capacidades de investigación e inteligencia, el uso creativo de la justicia cívica, y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y supervisión externa.
Los resultados de esta revolución silenciosa son notables. En Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, el porcentaje de adultos que afirmó tener mucho o algo de confianza en la policía municipal pasó de 46.4% en marzo de 2017 a 54.4% en septiembre de 2020, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). En San Pedro Garza García, el porcentaje de adultos que confía algo o mucho en su policía municipal es mayor a la proporción de ciudadanos que afirma confiar en la Guardia Nacional.
Sin embargo, este proceso tiene dos límites. En primer lugar, emprender una reforma de este tipo a nivel municipal requiere una escala mínima que la mayoría de las corporaciones municipales no alcanzan. Por ejemplo, es posible pensar en establecer mecanismos de carrera policial en una corporación con cientos de elementos, pero no en una que tiene menos de 20 integrantes. Lo mismo vale para el resto de los componentes del modelo: están fuera del alcance de más del 80% de las corporaciones policiales del país.
En segundo lugar, este tipo de reformas depende del compromiso de las autoridades políticas del municipio. Son, por tanto, altamente vulnerables ante el cambio político. En Escobedo, Nuevo León —tal vez el caso más citado de reforma policial— el experimento ha perdurado porque la alcaldesa, Clara Luz Flores, se ha reelegido en dos ocasiones ¿Persistirá la transformación una vez que deje el cargo el año que entra? Ojalá, pero algunos antecedentes no generan mucha esperanza. En Morelia, buena parte del esfuerzo de transformación de la policía entre 2015 y 2018 se revirtió una vez que hubo cambio de alcalde.
¿Cómo resolver esos problemas de escala y sustentabilidad? Va una idea, articulada originalmente por Bernardo León, uno de los principales promotores de la reforma policial en el país.
Necesitamos crear un servicio nacional de policía, como un órgano técnico del Estado. Varios procesos administrativos de las policías pasarían a ser responsabilidad federal. Por ejemplo, el reclutamiento de los policías podría hacerse a nivel central. Lo mismo para la formación: se podría establecer una academia nacional, con campus regionales, que forme a todos los policías del país. Habría un solo escalafón salarial, un paquete homogéneo de prestaciones sociales y una nómina centralizada.
Pero, crucialmente, el control operativo de las policías se mantendría en el espacio local. Los gobiernos municipales seguirían teniendo mando sobre sus corporaciones, pero ya no tendrían la carga de la gestión.
Una reforma institucional de esa naturaleza resolvería los problemas de escala y sustentabilidad. Reduciría además las graves desigualdades regionales y aseguraría mínimos de calidad policial en todo el territorio.
¿Sería complicada una transformación de ese tipo? Sin duda, pero sería una manera de institucionalizar y extender al ámbito nacional las lecciones aprendidas desde lo local.
alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71
