En medio de la polémica por la ampliación de dos años el periodo de presidente de la y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar , el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, recordó que el periodo del presidente del INE, Lorenzo Córdova, también fue ampliado y nadie se rasgó las vestiduras.

Por medio de su cuenta de Twitter, el vocero presidencial abrió el debate:

“El Pte del @INEMexico, Lorenzo Córdova, nombrado consejero electoral en 2011 y debió concluir en 2019. Pero al reformarse el IFE, el Congreso amplió su periodo hasta 2023, dándole 9 años como presidente del INE. Y ahí nadie dijo nada ni se rasgó las vestiduras”.

Esto luego de que la oposición en el Congreso ha señalado que impugnará ante la SCJN el cambio en la Reforma al Poder Judicial que amplía en dos años el periodo como prudente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, del ministro Zaldívar.

Ampliación de mandato de Arturo Zaldívar

El anuncio se da luego de que el pasado 23 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados en la cual se incluyó un artículo 13 transitorio que amplía en dos años el periodo del actual presidente de la SCJN así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

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La aprobación de dicha ley reglamentaria, así como su transitorio ha generado polémica puesto que de acuerdo con sus principales críticos, el objetivo de la misma es supeditar al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Inclusive, legisladores de oposición han acusado un “golpe de Estado técnico” a raíz de esta polémica.

Los legisladores argumentaron que no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.

“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”.

Señalaron que es necesario impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática, “por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”.

Con información de Tere Moreno

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