Más Información
Al menos 40 presuntos sicarios habrían participado en el ataque contra la familia LeBarón —en el que murieron seis niños y tres mujeres en noviembre del año pasado—, quienes fueron identificados por testimonios y declaraciones , informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR) a los hermanos Julián y Adrián LeBarón.
Acompañados de familiares y de sus abogados, Antonio Martínez Luna y Abel Murrieta, se reunieron con Alejandro Gertz Manero para conocer los avances de la investigación del caso.
Antes de encontrarse con Gertz Manero, Julián y Adrián LeBarón acudieron a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, donde les informaron que hay siete personas detenidas, tres procesados y cuatro arraigados, además de 40 probables autores materiales de los hechos registrados en el municipio de Bavispe, Sonora.
“Se sabe, por testimonios y declaraciones, que ya está identificado el grupo. Ya tienen muchos apodos para que vean cómo va la cosa, nos dicen que están por el lado de Chihuahua”, refirió Adrián LeBarón al salir de la SEIDO.
Comentó que les fueron presentados 12 ministerios públicos federales encargados de llevar el caso, quienes le explicaron las indagatorias realizadas y les aclararon dudas de carácter técnico.
Después de acudir a la sede central de la FGR, Julián LeBarón dijo que Gertz Manero les reiteró lo que les informaron en la SEIDO sobre los detenidos y los 40 sospechosos del ataque, de quienes hasta el momento sólo se conocen sus apodos. “Hasta ahorita son siete las personas que están presas, [pero] al parecer alrededor de 40 participaron”, enfatizó.
Sobre el grupo criminal al que pudieran pertenecer los sospechosos, Julián LeBarón respondió que las autoridades sólo les comentaron que son originarios de Chihuahua, donde se tiene conocimiento de la operación de La Línea, grupo que sirvió como brazo armado del Cártel de Juárez.
“Han tenido avances muy importantes. Nos confirman lo que hemos dicho sobre que el crimen está fuera de control en México y que necesitamos, desde la sociedad civil, participar para hacer más fuerte a la sociedad, para enfrentar el problema de la delincuencia.
“Nos dieron los números de los delitos: 33 millones en el último año. Es un problema enorme y nos están confirmando lo que hemos dicho: la sociedad civil se tiene que organizar para llamar a cuentas a la autoridad”, informó.
Por otro lado, consideró que hay cierto grado de ineptitud e incompetencia en la investigación.
Adrián LeBarón agradeció que el fiscal los recibiera y que “ahora sí nos llenaron de poquita más esperanza. Ojalá logremos adquirir una fe completa de la región y de nuestro sistema”.
El abogado Abel Murrieta Gutiérrez aseguró que la FGR mostró total apertura para abrir la información del caso y poder llegar a conclusiones: “No hemos visto la actuación. La información que se nos brindó es la que mencionó Julián respecto a siete personas, tres detenidas y cuatro arraigadas”.
La FGR señaló que Antonio Martínez Luna y Abel Murrieta, exprocuradores de justicia de Baja California y Sonora, respectivamente, se incorporaron como representantes de las víctimas y coadyuvantes permanentes del Ministerio Público Federal (MPF), quienes actuarán en esa función para garantizar la absoluta transparencia en el procedimiento, tanto ante la FGR como ante el Poder Judicial.
Identifican armas
El gobierno federal identificó que en el atentado contra la familia LeBarón fueron utilizadas armas de fabricación estadounidense, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
“En el caso de la tragedia de la familia LeBarón, las armas utilizadas fueron de fabricación estadounidense. Las que vimos en el caso de Culiacán se elaboraron en ese mismo país, de muy alto calibre y con una agravante.
“Fueron armas fabricadas para uso exclusivo del ejército de Estados Unidos”, dijo durante su participación en el encuentro que sostuvo el canciller Marcelo Ebrard con embajadores y cónsules.
Durazo destacó que diariamente ingresan al país alrededor de 2 mil armas de contrabando, lo que en un año da un total de 730 mil, por lo que consideró que el gobierno de Estados Unidos podría reforzar sus acciones en la colaboración que tiene con México en materia de combate al crimen organizado.
