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Con 306 votos a favor y 154 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República con la que se modifica la fecha de la entrada en vigor de la expedición de la convocatoria de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes para el 15 de julio de 2021.
Con esta modificación, el gobierno federal podrá hablar del tema y publicitarla hasta antes del 15 de julio próximo; incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá que suspender sus conferencias mañaneras.
Cabe recordar que el pasado 22 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó y envió al Ejecutivo federal la expedición de la consulta popular y en los artículos transitorios describía que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, y esto ocurrió el pasado 28 de octubre.
Sin embargo, no se consideró lo dispuesto en la Constitución en su artículo 35, que en una interpretación literal establece la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada.
Por ello, el Congreso de la Unión reformó el primer artículo transitorio de este ordenamiento, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, para modificar su entrada en vigor del 28 de octubre al jueves 15 de julio de 2021.
Con este cambio de fechas, el Poder Ejecutivo tendrá que suspender la propaganda gubernamental solamente 17 días antes del ejercicio de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que se desarrollará el domingo 1 de agosto de 2021.
“La pretensión de la minuta es aplazar la entrada en vigor del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular, con el propósito de no generar como efecto indeseado la suspensión de la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, prevista en el párrafo tercero del apartado 4º de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política, con las salvedades prescritas en la misma porción normativa”, describe el dictamen.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), indicó que el fin es el aplazamiento de la entrada en vigor del decreto y la convocatoria, para no generar un efecto indeseado sujeto a interpretación.
Mencionó que la reforma confirma indirectamente la continuidad de la propaganda gubernamental para procurar el derecho de acceso a la información pública oficial, en forma suficiente y fidedigna.
Recordó que el pasado 22 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados el decreto que expide la convocatoria de consulta popular, que inició su vigencia el 28 de octubre; sin embargo, no se consideró lo dispuesto por el precepto constitucional.
Martha Tagle, diputada de MC, señaló que desde su inicio el dictamen tiene omisiones legislativas, pues no se reformó la Ley Federal de Consulta Popular y afirmó que es muy claro el artículo 35 constitucional respecto a los tiempos de suspensión de la propaganda gubernamental.
“Estamos en contra de que se use la consulta popular con fines electorales del Presidente y porque la justicia no debe estar en una consulta ni a negociación”, dijo.
Enrique Ochoa, diputado del PRI, argumentó que el dictamen representa un concierto de errores que genera incertidumbre jurídica a la ciudadanía y al INE, y cuestionó “si el mismo tiene como objeto que la consulta popular fracase; parecería que son ustedes, los de Morena, los que no quieren que la consulta se haga”.
La diputada Madeleine Bonnafoux (PAN) dijo que la democracia participativa es fundamental; por ello, las reglas deben ser claras.
“Lo que pretenden es una finalidad perversa: que el Presidente siga haciendo proselitismo aun cuando lo tiene prohibido”, aseveró.
