Más Información
Amnistía Internacional (AI) pintó un panorama sombrío en México en materia de derechos humanos, y denunció la construcción del Tren Maya pese al impacto ambiental, así como el uso de combustibles fósiles por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus ataques al Poder Judicial.
En su informe anual sobre La situación de los derechos humanos en el mundo, difundido este martes, la organización no gubernamental denunció la continua penalización por parte de las autoridades mexicanas del “ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión”, así como la “criminalización de defensores de la tierra y los asesinatos de periodistas” y de activistas. Lamentó que el gobierno mexicano no haya tomado medidas para proteger a refugiados ni a migrantes.
“Los asesinatos de periodistas y defensores eran frecuentes”, alerta el reporte, correspondiente a 2023.
En el tema de feminicidios, AI alertó que las cifras siguieron “siendo muy elevadas y los casos no se investigaban adecuadamente”. Tampoco fue un buen año en el asunto de los desaparecidos. Desde 1962, señaló, suman más de “114 mil casos”. Y quienes buscan a sus familiares tampoco la pasan bien, “exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión y las amenazas”, indicó.
Preocupa también a AI el tema del derecho a un medio ambiente saludable. Sobre este aspecto, denunció que “la construcción del Tren Maya continuó en 2023” pese a representar “una amenaza para el medio ambiente en el sur de México, así como para el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.
El gobierno de López Obrador, continuó, hizo caso omiso de las denuncias de activistas de la organización civil acerca de que el proyecto no aplicó “la legislación federal sobre medio ambiente en la construcción del ferrocarril” ni consideró las afectaciones negativas al ecosistema, “especialmente al acuífero subterráneo del sudeste del país”.
El Tren Maya no es la única inquietud ecológica que expresó la ONG. También aludió a la decisión del gobierno de seguir “fomentando la protección y el uso de combustibles fósiles”, y mencionó en particular la entrada en funcionamiento de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.
Sobre la Guardia Nacional, recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional de cometer “violaciones graves de derechos humanos en 28 casos, incluidos varios crímenes de derecho internacional, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”. A pesar de ello, indicó, el gobierno mexicano negó las denuncias de violaciones que presentaron víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas.
En el rubro de los derechos de las mujeres, destacó, por un lado, que en México “mejoró el acceso al aborto” y la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte sobre la penalización del aborto en el Código Penal Federal.
Sin embargo, lamentó que el número de casos de violencia sexual y feminicidio siguió siendo “elevado, y no se procedía con la diligencia debida para investigar esos delitos adecuadamente”. En promedio, y con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día fueron asesinadas nueve mujeres en 2023.
El informe resalta que el Instituto Mexicano del Seguro Social “no disponía de recursos económicos suficientes”, pese a la modificación de la ley, para proporcionar servicios gratuitos de salud, medicinas y suministros también a quienes no están afiliados.
