Con el objetivo de fortalecer la protección a periodistas y dar respuesta a las manifestaciones de protesta del gremio, las bancadas del PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados impulsan iniciativas para crear, de nuevo, un sistema de protección para los comunicadores, recuperar el fideicomiso que desapareció, así como castigar con prisión a quien vulnere datos personales de los informadores.
Primero, la bancada del PAN, a cargo de Jorge Romero, presentó una iniciativa en la que propone modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El blanquiazul busca castigar, de uno a cinco años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, así como la suspensión de profesión de dos meses a un año, a quien revele datos personales de comunicadores de carácter industrial o bancario.
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“Cuando la revelación punible sea hecha por una persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial, bancario o fiscal”, describe la iniciativa presentada por la bancada panista.
Además, se describe que cuando el sujeto activo sea servidor público también se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“La esencia de esta iniciativa es evitar que, a raíz de su labor, un periodista sea hostigado por un funcionario público, menos si está involucrado en la investigación periodística. Esto debe ser considerado como delito, queremos tipificarlo para evitar precisamente el sinnúmero de asesinatos que se siguen dando en este país”, se expresa en el documento.
Asimismo, los panistas buscan imponer de 50 a 300 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y la reparación integral del daño “al que, sin justa causa o fuera del ejercicio del derecho a la información o del derecho a la libertad de expresión, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.
PRD
Asimismo, la bancada del PRD en San Lázaro, que encabeza Luis Espinosa Cházaro, promoverá una reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que sustituiría al protocolo actual.
“La Federación, las entidades, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México se coordinarán para garantizar la integridad física de comunicadores, de defensores de los derechos humanos, así como la libertad de prensa, para lo cual se crea el Sistema Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual contará con un órgano técnico, descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio”, define la propuesta al artículo sexto de la Carta Magna y de la cual EL UNIVERSAL posee una copia.
“Es claro que el protocolo de acción actual no funciona, por eso estamos pensando en elevar a rango constitucional la protección a periodistas.
“Ya se convirtieron los periodistas en un grupo vulnerable, vulnerado desde el Estado, vulnerado desde la delincuencia organizada, vulnerada desde todos los sectores.
“Ahí en los asesinatos vemos las consecuencias, creemos que el periodismo libre debe ejercerse en cualquier democracia y, por lo tanto, la próxima semana presentaremos [la iniciativa] para ver si es cierto que todos queremos la libertad de expresión de los periodistas o en algunos sólo es un discurso”, declaró Espinosa.
La iniciativa, que presentará su bancada el próximo martes, también plantea la restitución del fideicomiso para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, el cual fue extinguido en 2019 por Morena y sus aliados políticos.
MC
Otra de las propuestas surgió desde la bancada de Movimiento Ciudadano, a cargo de Jorge Álvarez Máynez.
Su propuesta busca reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de establecer que las personas servidoras públicas “se abstendrán de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar información en su poder, que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas”.
En la exposición de motivos, el grupo político sostiene que, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, “quedó en evidencia el uso faccioso de las instituciones, así como el abuso de autoridad por parte del Presidente de la República, para perseguir a los comunicadores críticos y que han exhibido posibles esquemas de corrupción y conflictos de intereses de sus familiares directos”.
Se suman a casi una centena
de propuestas
