Las entidades más peligrosas para los migrantes que cruzan por México son: Tamaulipas, Chiapas, Ciudad de México, Sonora y Coahuila, donde los principales delitos en su contra son desaparición, con más de 54.7% de los casos, y tráfico de personas, con 36.1%.
De acuerdo con el mapa y la radiografía sobre los riesgos que enfrentan los extranjeros en el país, que realizó la Fundación para la Justicia (Fjedd) junto con otras organizaciones, con datos solicitados a la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2009 y 2022, el mayor número de víctimas son guatemaltecos, con 35.95% de los casos.
Activistas de la ONG señalan a EL UNIVERSAL que la violencia contra los extranjeros que se trasladan en el país es un delito endémico donde los grupos criminales y las autoridades de los tres niveles, principalmente del INM, participan o por lo menos solapan.
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El informe fue elaborado por organizaciones como la Fundación para la Justicia (Fjedd); el Instituto para las Mujeres en la Migración; Sin Fronteras IAP; Comité de Familiares de Migrantes, y la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala.
La organización que dirige Lorena Delgadillo expone que siguen los migrantes hondureños, con 30.25% de los casos registrados en los últimos 13 años, y 10.15 son extranjeros que no se especifica nacionalidad.
Tamaulipas es una zona donde operan cárteles dedicados al secuestro y extorsión de migrantes con casos emblemáticos, como San Fernando y Camargo, este último en el actual sexenio ocupa el primer lugar de delitos contra los migrantes, con 21.9% de los casos.
Chiapas, en la frontera sur, está en segundo lugar de delitos, con 20.9%; en tercero y aunque ha sido declarada una región santuario, la Ciudad de México tiene 14.6%; en cuarto está Sonora, con 6.35, y en quinto lugar Coahuila, con 5.9%.
La desaparición es el principal delito contra los migrantes en México, con 54.7%; en segundo sitio está el tráfico de personas, donde hay denuncias de participación de agentes migrantes y de varias autoridades, con 36.1%; en tercero, extorsión, con 12%; en cuarto está la privación ilegal de la libertad, con 9.15; y el secuestro, con 8% de los casos.
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El mapa agrega que por género, los hombres son las principales víctimas de la delincuencia, con 67.9%; mujeres, 21.95; y no especificado, 10.1%.
Por edades están los migrantes de 18 a 30 años, con 25.4%; seguidos del sector de 30 a 39 años, con 17.7%; en tercero, el rango de 40 a 49años, con 9.1%; los menores de edad, incluidos niños y bebés, de 0 a 17 años, tienen una incidencia de 8%, y en el último lugar están de 60 a 60, con 2.3%.
Un delito endémico
Activistas indican a EL UNIVERSAL que la violencia contra extranjeros de paso por el país es un delito endémico, desde el asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, a la masacre en Camargo, donde asesinaron a guatemaltecos.
Indican que en todos estos casos, lo común es que los grupos criminales y las autoridades de los tres niveles, principalmente del INM, participan o por lo menos solapan.
Las ONG exponen que la “mayoría de los delitos que sufren los migrantes no son denunciados por falta de confianza en las autoridades, por temor a represalias o por falta de conocimiento de la existencia del Mecanismo de Apoyo Exterior”.
Se añade que en el secuestro, desaparición y masacre contra migrantes existe un subregistro de los casos, corrupción que involucra a funcionarios de varios niveles e impunidad, ya que son contados los casos en que los delincuentes y sus cómplices son llevados ante la justicia, destacan organizaciones y activistas.
Después del caso de los 32 migrantes secuestrados a finales de 2023 en la carretera Matamoros-Reynosa, cuando viajaban en un autobús, y su posterior liberación en circunstancias poco claras, señalan que los secuestros individuales y masivos de migrantes están lejos de ser “atípicos”, como opina la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Exponen en un informe que “el secuestro, la desaparición y las masacres de migrantes, algunas con necesidades de protección internacional, en Tamaulipas y otras regiones del país, no han cesado en más de una década” y que existe un sub- registro de los casos por parte de la FGR y de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante un delito “endémico” en el país.
Muestra de ello son otros dos secuestros masivos en San Luis Potosí, en abril y mayo de 2023, con 23 y 50 víctimas. Albergues de la entidad han denunciado que desde principios de diciembre de 2023, cerca de 10 autobuses han sido asaltados.
Las organizaciones argumentan que la corrupción de las autoridades es la clave de la impunidad de los secuestros de migrantes en México, que en su inmensa mayoría no se investigan, a menos que exista presión de otras naciones.
“La impunidad y la falta de investigación de las autoridades involucradas, como el INM, en complicidad con las redes criminales, es imprescindible para que los delitos en contra de población migrante sean posibles. Si no se investiga a los agentes del Estado coludidos, hay una alianza que garantiza el éxito del crimen organizado”, advierten.
Exponen que la participación de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en casos de secuestro y extorsión no es investigada y menos sancionada, pese a que testimonios de víctimas denuncian desde hace años.
Incluso, en el caso de la masacre de Camargo, donde fueron calcinados 17 migrantes guatemaltecos al inicio del gobierno de López Obrador, la FGR abrió una investigación en contra del INM sin que se conozcan los avances o resultados.