Las condiciones de inseguridad y los riesgos que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en México se agravaron a causa del Covid-19, destaca un informe de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la materia.
El documento Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19 reveló que en 2020 fueron asesinados, por lo menos, seis periodistas y 24 defensores de derechos. Además de los seis homicidios de comunicadores, hubo 112 agresiones contra la prensa en coberturas relacionadas con el virus.
La Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Baja California son las entidades federativas donde se registraron más agresiones contra los periodistas el año pasado.
“En el caso de los periodistas, la emergencia sanitaria ha reflejado las crisis económica, social y política que agudizan las condiciones estructurales de la labor periodística en México”, señala.
Respecto a los defensores de derechos humanos, el año anterior hubo 17 asesinatos de activistas del medio ambiente y siete de mujeres que protegían las garantías de las mexicanas.
De igual forma, 266 mujeres defensoras sufrieron agresiones entre enero y junio de 2020; las más reiteradas fueron calumnias señalamientos, campañas de desprestigio, intimidación, hostigamiento sicológico, amenazas y restricción a la libertad de expresión, así como criminalización.
“La pandemia por Covid-19 ha profundizado las desigualdades y vulnerabilidades en las que se encuentra este grupo de defensa. Además de las agresiones letales, se han registrado amenazas y campañas de desprestigio”, refiere. Otros grupos que han quedado en vulnerabilidad, según el informe, son los defensores de personas migrantes y activistas por los derechos LGBTTTI.
Este estudio fue elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas; la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Frente al panorama que enfrentan periodistas y defensores, las ONG recomendaron al gobierno fortalecer económicamente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, además de mejorar la coordinación de las dependencias que forman parte de éste.
“Si bien el mecanismo creado en 2012 ha servido para proteger la vida de estas personas a raíz del impulso y el trabajo realizado por organizaciones civiles, aún persisten retos importantes que se agravan en el contexto actual”.