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Especialistas y organizaciones civiles aseguran que aunque la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) no ha proporcionado información relevante para conocer el estado del sistema educativo del país, trasladar sus funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) representaría un retroceso de 20 años.
“De concretarse esta iniciativa, retrocederíamos 20 años porque el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación se creó en 2004 como un organismo autónomo para generar información sobre el sistema educativo nacional y aplicar evaluaciones diagnósticas, entre otras funciones”, dice Eduardo Backoff Escudero, expresidente de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa.
En conversación con EL UNIVERSAL puntualiza que Mejoredu representa una institución que debería estar enfocada a entregar información sobre la calidad del sistema educativo nacional; sin embargo, no ha sido así porque desde su creación la despojaron de autonomía y atribuciones para aplicar evaluaciones a gran escala, como PISA, de la OCDE. En otras palabras, dice, es una institución achicada.
Comenta Backoff Escudero que en alguna ocasión le preguntó a un trabajador de Mejoredu por qué no difundían información oportuna y veraz sobre el sistema educativo y recuerda que éste le respondió: “Porque las autoridades de Mejoredu no le quieren dar balas a los opositores del gobierno federal para que lo ataquen”, subrayó.
Ante esas palabras, para el especialista no hay duda: el organismo desde su creación el 1 de octubre de 2019 renunció a proporcionar información real, veraz, “para que los contrarios a este gobierno no tuvieran elementos para criticarlo”.
Asegura que los recientes resultados de las evaluaciones diagnósticas que aplicó Mejoredu a estudiantes de educación básica (2022-2023) “estuvieron pésimamente revisados. Tuvo muchas deficiencias la evaluación diagnóstica que publicó en su momento Mejoredu, que verdaderamente da vergüenza, pero no tuvieron empacho en publicar los resultados… Estuvieron mal hechos”.
Según la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso en materia de simplificación orgánica, desde su creación la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación ha ejercido recursos por 3 mil 134 millones 896 mil 221 pesos.
Esa institución ha ejercido más recursos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), otro de los organismos que pretende eliminar el Ejecutivo federal, que de 2018 a 2024, recibió 2 mil 908 millones 766 mil 239 pesos.
Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, asegura que durante el sexenio obradorista las acciones que ha realizado Mejoredu no han contribuido a los estados o a la autoridad educativa federal para mejorar la política educativa del país.
“Nunca han puesto nada sobre la mesa para poder establecer una ruta sensata para la recuperación de aprendizajes, no han podido desarrollar ni siquiera una propuesta de evaluación censal para educación básica y para educación media superior para obtener información relevante sobre cuáles son los aprendizajes que no han desarrollado los chicos ni cómo trabajar con los cuerpos académicos para la recuperación de los mismos”, comenta.
Fernández hace ver que Mejoredu tampoco “ha dicho esta boca es mía para abordar los inconvenientes de brindar becas generalizadas y no focalizarse a los sectores más vulnerables, además de que nunca le pudieron dar a la propia SEP elementos para poder atender la emergencia educativa. Mejoredu se volvió tan cauto, que se convirtió en algo irrelevante”, enfatiza.
Sin embargo, reconoce que no es acertado trasladar las funciones de Mejoredu a la SEP porque, argumenta, la dependencia que conduce Leticia Ramírez Amaya se convertirá en juez y parte.
“No es una buena idea que quien diseña la política educativa y la implementa, además se autoevalúe porque vamos a tener un problema al ser juez y parte.
“Tenemos un problema muy complejo porque como está en estos momentos, Mejoredu aporta poco para la política educativa, pero desaparecer y mandar todo a la SEP no es lo correcto”, considera.
Añade que se debe abrir una discusión seria para fortalecer a un organismo como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a fin de que apoye de manera sustantiva a los gobiernos federal y estatales con información, indicadores, estudios y evaluaciones que permitan realizar los ajustes necesarios para lograr mejores resultados en materia educativa, “y eso no lo está haciendo actualmente Mejoredu, lamentablemente”.
Para Paulina Amozurrutia Navarro, fundadora y directora del organismo civil Educación con Rumbo (ECR), el Presidente de la República ha sido estratégico en el debilitamiento de instituciones y organismos reguladores y evaluadores.
“En efecto, la eficiencia evaluadora y en sí todo el trabajo que ha realizado Mejoredu ha dejado mucho que desear, pero eso está muy ligado al férreo control de este gobierno que ha quitado a las personas técnicas de cargos estratégicos y ha disminuido el presupuesto de instituciones que son clave para el país”, señala.
Expresa que el sistema educativo nacional atraviesa en estos momentos “por una terrible crisis y lo más lógico que puede hacer el Presidente para tapar su gravísimo error es quitar los pocos organismos evaluadores. Esta es una estrategia maquiavélica para ocultar la profunda crisis que atraviesa la política educativa de este país y seguir implementando un proyecto educativo que no ha funcionado y que está llevando a un futuro incierto a millones de niñas, niños y adolescentes”.
