Más Información
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con base en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, consideró que la aprobación de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica provocaría la conclusión anticipada de contratos, generación de pasivos para el Estado mexicano e impugnaciones internacionales por tratados comerciales como el T-MEC, por lo que exigirían indemnizaciones a nuestro país y sólo se beneficiaría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los integrantes de la alianza legislativa de la Cuarta Transformación (Morena-PT y PES), no tomaron en cuenta estas consideraciones y avalaron la opinión positiva a este proyecto del Ejecutivo, contra 11 legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, y remitieron el documento a la Comisión de Energía, encargada de dictaminarla antes de que concluya el mes.
En el documento se alerta que de aprobarse la reforma, provocaría renegociación o terminar de manera anticipada con los contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compra-venta de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes, al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía, lo que ocasionaría pasivos contingentes para el Estado mexicano a mediano plazo.
Además, señala que con base en información del Cenace, de tres subastas de largo plazo de energía eléctrica, hay 57 proyectos de operación y 14 nuevos contratos que se encuentran en ejecución, los cuales —en conjunto— implican una inversión de 8 mil 904 millones de dólares y una adición de 9 mil 525 megawatts (MW) de capacidad eléctrica en energía limpia.
“Estos proyectos involucran al menos a 28 empresas de diversos países que, en caso de aprobarse la iniciativa, estarían en posición de interponer controversias internacionales o exigir indemnizaciones, según lo convenido en los contratos y si se encuentran bajo el amparo de tratados internacionales”, destaca el documento de la Comisión de Presupuesto.
Se agrega que, conforme a información de la Secretaría de Hacienda sobre Proyectos de Infraestructura financiados por capital privado (27 de agosto de 2020), existen 157 planes del subsector electricidad para generación de energía con una inversión de 845 mil 623 millones de pesos.
De ese total se reportan en etapa de autorización y ejecución 123 proyectos que fueron propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y cuya inversión asciende a 561 mil 42 millones de pesos; sin embargo, restando los planes que utilizan energías convencionales e hidroeléctricas, las cuales tendrían preferencia en el despacho eléctrico, quedarían 105 acciones de generación con energía solar y eólica cuyo monto de inversión asciende a 451 mil 289 millones de pesos.
“Se comenta que la reforma podría afectar algunos compromisos de tratados comerciales a los que está suscrito México en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado.
“Esta iniciativa va en el sentido contrario de las señales que tenemos que enviar. Va en contra de lo establecido en nuestra Carta Magna... viola preceptos y acuerdos establecidos en los tratados internacionales. Está clara la repercusión que va a tener, se van a incrementar los costos de generación eléctrica en nuestro país”, indicó Fernando Galindo (PRI).
El perredista Antonio Ortega dijo que “de manera mañosa, los autores de esta iniciativa sólo recogen la mitad de los juicios del CEFP sobre el impacto que tendría la reforma”. Las externalidades que vendrán de la renegociación de los contratos o términos de los mismos, que se van a ir a tribunales.
Rocío Barrera (Morena) señaló que la iniciativa es fundamental porque establece un mecanismo legal que fortalece a la CFE, y permite cumplir con no incrementar las tarifas.
