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Dos jueces federales dieron entrada a dos amparos que impugnan el acuerdo de militarización de la seguridad pública pero no frenan su ejecución.
La juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en la misma materia fueron quienes admitieron las demandas.
La juez admitió el amparo del senador panista, Raúl Paz Alonso, quien junto con otros panistas solicitó la suspensión del acuerdo para que durante el trámite del juicio, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se subordine y complemente a las autoridades civiles.
Es decir, que no se realice de manera coordinada como establece el acuerdo de militarización.
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“Los quejosos no pretendemos que durante el trámite y substanciación del juicio de garantías no se aplique el Acuerdo de militarización, o bien, que las Fuerzas Armadas no se involucren en tareas de seguridad pública”, señalaron los blanquiazules.
Sin embargo, la juzgadora consideró que no hay materia para decretar la suspensión porque la participación subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a autoridades civiles está comtemplada en el acuerdo impugnado.
El secretario en funciones de juez en el juzgado Décimo Quinto de Distrito admitió la demanda pero desechó algunas de las impugnaciones.
En cambio, la demanda de la senadora panista Kenia López Rabadán no corrió con la misma suerte, pues el juez Sexto de Distrito en materia Administrativa desechó su petición y la de Equis Justicia para las Mujeres está pendiente de admisión hasta que Ana Hadzi Pecova demuestre que es apoderada legal de la asociación civil.
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