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Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, es ambigua e imprecisa y podría vulnerar las garantías individuales.
De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad presentada por el organismo en contra de dicha ley, el texto se contrapone a la Carta Magna federal, pues “no desarrolló los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que podría implicar su aplicación”.
La impugnación fue admitida ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó notificar al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo federal para que rindan sus informes dentro de un plazo de 15 días hábiles.
“Se requiere a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por conducto de quienes legalmente las representan, para que al rendir el informe solicitado, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el acuerdo publicado este lunes en los estrados de la Corte.
Esta es la primera impugnación que llega a la Suprema Corte en contra de la ley que implica reducción salarial a funcionarios que ganan más de 108 mil pesos mensuales, cantidad establecida por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
