El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer supuestos ingresos por 35.2 millones de pesos anuales del periodista Carlos Loret de Mola.
Agregó que solicitará a Hacienda cuál es su situación fiscal, y justificó la acción al señalar que es bueno el debate y que es parte de la democracia.
En respuesta, Loret aseguró que el Mandatario fue demasiado lejos en sus ataques contra su persona y que presentó un informe con datos erróneos e inflados sobre sus ingresos, además de que está enojado por el reportaje sobre el estilo de vida en Estados Unidos de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y señaló que esa divulgación pone en peligro su vida y la de su familia.
De acuerdo con expertos, la revelación presidencial estaría violando el secreto fiscal, en caso de que el Ejecutivo o algún funcionario público decidiera revelar o exhibir información sobre la situación de cualquier contribuyente, es decir, sobre su estatus, régimen, así como pago de impuestos o incumplimientos.
Los abogados Francisco Varela, Tulio Salanueva y Diana Bernal recordaron que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados de los contribuyentes.
Francisco Varela, abogado y profesor universitario, destacó que el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades refiere que incurre en la falta grave de abuso de funciones el servidor público que se valga de sus atribuciones para causar perjuicio a alguna persona. La sanción, añadió, es la inhabilitación para el servicio público.
El abogado Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio Nacional de Abogados, explicó que el Ejecutivo federal se excedió en el ánimo de generar polémica con el periodista, pues publicó datos personales y fiscales, lo que, aseguró, está prohibido por el derecho a la intimidad protegido en la Constitución y el secreto fiscal que previene el Código Fiscal de la Federación, entro otras disposiciones legales.
“Fue algo indebido, sin antecedentes. Habrá que ver cómo se defiende el periodista y qué autoridad conoce del caso, porque no recuerdo alguna situación en la que se haya llevado a juicio a un Presidente por una situación como ésta”, comentó.
Mientras que Diana Bernal, extitular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), afirmó que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha violado el secreto fiscal, sí quebrantó los derechos humanos del periodista.
Lo anterior amerita la reparación de daño moral, civil y económico, por las diversas faltas que se cometieron en contra del comunicador, aseguró.
Explicó que más que violar la ley fiscal, transgredió la de acceso y protección de datos, ya que está mandatado a todas las autoridades que cualquier dato que tengan en sus archivos sobre los particulares son reservados, salvo aquellos que por ley tengan que ser públicos.
A la par, organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Periodistas Europeos (APE), expresaron su solidaridad con el periodista mexicano y criticaron la actitud del Ejecutivo hacia quienes son sus críticos.
Diego Carcedo, presidente de la APE, con sede en España, dijo que las descalificaciones lanzadas por el Mandatario contra el comunicador suponen una forma de chantaje que puede incluso convertirse en un argumento que ponga en peligro la vida de Loret de Mola.
Mientras que Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), comentó que revelar los datos fiscales del periodista es una bajeza que sólo puede ser explicada como venganza y abre la puerta a más violencia contra la prensa y busca silenciar a los reporteros y medios de comunicación. Con información de Luis Méndez y José Meléndez