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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y a otros cinco servidores públicos del INAMI, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que establece una pena de 1 a 3 tres años de prisión en el Código Penal Federal.
Sin embargo, para abogados penalistas consultados, se trata de una falta que no es grave, por lo que Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos acusados por la FGR en el caso del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, podrían llevar su proceso en libertad.
El abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio, por el que fueron vinculados a proceso un migrante venezolano, tres agentes del INAMI y un elemento de seguridad pública por su relación en el incendio en las instalaciones migratorias.
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“Es delito que no tiene la gravedad del homicidio, y en una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad, y para que si resultaran culpables se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.
Al final de cuentas, agregó, a Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos no podría responsabilizarles de las muertes de los migrantes, sino por “omisión, negligencia, por incumplimiento de sus funciones, que resultan estas tragedias, y por ese motivo a esos funcionarios se les puede fincar una responsabilidad administrativa y en todo caso penal”.
Por su parte, Jorge Nader, abogado penalista, puntualizó que el titular del INM no pisará la cárcel y podrá salir del problema de manera sencilla.
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En entrevista, Nader expuso que el delito de ejercicio ilícito del servicio público no es de prisión preventiva oficiosa y difícilmente un juez impondría prisión preventiva justificada a los servidores públicos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ni siquiera se emitiría orden de aprehensión. En caso de ser vinculado a proceso, Garduño podría obtener una forma de terminación anticipada para no ir a juicio oral y no tendría obligación legal de renunciar.
“Aunque es encomiable que el Estado mexicano impute delito a un servidor público superior en la cadena de mando, se trata de una imputación cómoda para el imputado. No pisará la cárcel y podrá salir del problema de manera sencilla”, sostiene el litigante.
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Resaltó que otra cosa es un sentido de moral pública, “pues a partir de la imputación sería moralmente insostenible que continúe en el cargo pues precisamente la imputación sería por un mal desempeño como servidor público”.
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