Por omitir brindar una educación de calidad, prestar indebidamente el servicio e impedir el acceso a los servicios de educación, entre otros, la Secretaría de Educación Pública (SEP), que conduce Leticia Ramírez Amaya, cuenta con 441 quejas presentadas de enero a abril de 2023 ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el organismo, a excepción de Campeche, todos los estados de la República registran un expediente de queja, siendo la Ciudad de México la que acumula el mayor número de querellas, con 340.
De hecho, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), que encabeza Luis Humberto Fernández, ocupa el sexto sitio del top ten de las instituciones con mayor número de quejas ante el órgano defensor.
En 2022, la AEFCM acumuló 362 quejas y se ubicó en el noveno sitio de las 10 instituciones con más reclamaciones en la CNDH.
Especialistas en educación aseguran que el número de quejas es poco comparado con el tamaño del sistema educativo del país, que cuenta con más de 25 millones de alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas. Y la causa, consideran, es la falta de cultura de la denuncia de la queja, así como de una mayor exigencia por parte de madres y padres de familia para que sus hijas e hijos cuenten con una mejor formación académica.
Fernando Ruiz Ruiz, coordinador de Investigación del organismo civil Mexicanos Primero, asegura que las quejas que se han presentado ante la CNDH son pocas para la cantidad de problemas que enfrenta el sistema educativo nacional.
“La mayor parte de esas quejas se encuentran en las zonas urbanas, principalmente en la capital del país y en el Estado de México. El hecho de que en estas zonas se originen en grandes poblaciones, tiene que ver con la cultura de la denuncia y la queja, así como con un mayor conocimiento de los derechos humanos”, señala.
Asegura que estas dos entidades tienen el mayor índice educativo del país (12 años), “lo que habla que en estos lugares existe una mayor escolaridad. Y esto explica el porqué esos estados son los que concentran el mayor número de quejas. Existe mayor cultura de exigencia entre la población”.
Precisa que de acuerdo con datos de la SEP, en el país existen más de 31 mil planteles de educación básica que no cuentan con agua y 24 mil que no tienen lavabos.
“¿Por qué no se reporta esto, si esto es reconocido por la propia dependencia? Porque una gran parte de la población no está consciente de que es un derecho que una escuela esté en buenas condiciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender”, resalta.
Destaca que permanentemente la SEP viola el derecho a la educación de las y los estudiantes, “y lo hace porque no existe una mayor exigencia por parte de las madres y padres de familia. La CNDH actúa cuando el ciudadano acude a ésta. Es muy importante el número de quejas, pero estoy convencido de que son más, pero poco se denuncia. Y esto es también porque muchísimas familias ven a la educación no como un derecho, sino como la prestación de un servicio que les está dando el Estado”.
En tanto, Marco Fernández Martínez, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa, e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señala a EL UNIVERSAL que más allá del número de quejas contra la SEP en la CNDH, lo que realmente es preocupante es la poca exigencia ciudadana.
“Hay un problema serio de desigualdad de acceso a oportunidades educativas y existe un problema muy generalizado de deficiencia en los aprendizajes de aquellos que sí logran ir a las aulas. Pero la realidad es que tenemos una sociedad poco exigente para el ejercicio efectivo de su derecho a la educación”, dice.
—¿Cuál sería el camino para tener una sociedad más exigente en lo que respecta a la educación?
—El problema mayúsculo es entender que la educación es un derecho que se debe ejercer y defender, no una dádiva o un favor por parte de la autoridad. Mientras no tengamos mamás y papás que se involucren en la vida educativa de sus hijas e hijos, seguiremos teniendo una educación deficiente. Ese problema de involucramiento le permite a la autoridad tener un costo político menor respecto a sus acciones deficientes o sus francas negligencias.
Fernández Martínez resalta que se requiere provocar una ciudadanía mucho más activa en la defensa del derecho a la educación y de los derechos en general.
Desde su óptica, el presentar una queja ante la CNDH por alguna deficiencia en los servicios educativos, no sirve de mucho, pues han sido pocos los casos en los que el organismo defensor las atiende.
“Ha habido casos, pero son contados, en los que la autoridad ha tenido que responder a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que ahora se ha vuelto más difícil por el perfil de la titular del organismo, quien está más preocupada en echarle porras al Presidente, que en defender los derechos humanos, entre ellos, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una educación de calidad en planteles escolares dignos”, sostiene.
