Las 196 universidades públicas y privadas que conforman la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acordaron que durante la contingencia por la pandemia de coronavirus (Covid-19) abrirán su infraestructura y equipamiento, en caso de ser necesario, para atender los efectos de la enfermedad.
“Con la convicción de que la coordinación y la colaboración son esenciales en esta compleja coyuntura, [reiteramos nuestro] compromiso de salvaguardar la salud de sus comunidades y de la sociedad en general, así como de asegurar la continuidad de sus servicios académicos, poner a disposición de la sociedad sus capacidades científicas y técnicas, y de ser necesario, su infraestructura y equipamiento para atender los efectos del fenómeno epidemiológico”, dice el acuerdo.
La semana pasada, las instituciones pactaron hacer un censo de sus instalaciones con el objetivo de conocer la cantidad de recursos para reconvertir o adaptar los espacios de aquellas universidades que ofrecen estudiar carreras relacionadas con la salud.
“[El] censo de capacidades médico-hospitalarias [se llevará a cabo] en las instalaciones universitarias que cuenten con áreas de formación profesional en la salud. [También se hará] una estimación de recursos requeridos para la reconversión o adaptación de espacios disponibles para la atención [de pacientes]”, señala el documento.
Luego de la sesión ordinaria virtual del Consejo Nacional de la ANUIES, en la que participaron el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, los rectores firmaron el Acuerdo nacional por la unidad en la educación superior frente a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
En el documento, los rectores de universidades públicas y privadas, así como de centros de investigación, se comprometieron a que sus instituciones continuarán produciendo insumos como gel antibacterial y equipos de protección personal para trabajadores de la salud que trabajen en la contingencia.
Asimismo, se acordó usar sus recursos tecnológicos para identificar a la población en situación de vulnerabilidad e implementar medidas preventivas ante el coronavirus a través de sus medios de comunicación, con el fin de difundir campañas de prevención, participar en programas de asistencia social, así como en el acopio y distribución de bienes de primera necesidad.
“En aquellos casos en los que sea posible, y en el marco de la autonomía de la que gozan algunas de ellas por ley, se continuará trabajando en el desarrollo y ampliación de las capacidades del personal de salud, además se brindará asistencia sicológica y orientación médica por personal especializado”, indicaron.
“[Las universidades] seguirán produciendo, en sus laboratorios, sustancias para desinfectar e insumos para la protección del personal médico, y contribuirán, en estrecha vinculación con los gobiernos locales y los sectores productivos, en la formulación y desarrollo de proyectos para reactivar la economía y mitigar los efectos de la pandemia”, subrayaron.
De manera adicional, la Subsecretaría de Educación Superior pidió el apoyo de las universidades e instituciones públicas de educación superior para capacitar a personas a fin de que desarrollen talleres de planeación participativa en los municipios o localidades ubicados en la ruta del Tren Maya.
En el documento Respuestas de las Instituciones Públicas de Educación Superior en México para enfrentar la crisis del Covid-19, que es distinto al acuerdo nacional de la ANUIES, la SES señala que, como parte de las principales acciones que están llevando a cabo las universidades del país, está la vinculación de las IES con sectores productivos e impulso de la economía social.
Entre estas acciones se encuentra la de “[preparar] a capacitadores que desarrollen talleres de planeación participativa comunitaria en los municipios o localidades ubicadas en la ruta del Tren Maya para la elaboración de diagnósticos comunitarios y fortalecimiento de la organización, en coadyuvancia para la creación de los ordenamientos ecológicos territoriales como instrumento comunitario para lograr acuerdos sociales y mecanismos de solución de conflictos en materia de uso de suelos”, se afirma en el documento.
Es decir, el convenio busca realizar ocho talleres de formación para un total de 220 personas y realizar 102 cursos participativos en las localidades de las estaciones, así como proponer a las dependencias por lo menos un proyecto o acción prioritaria por comunidad a través de proyectos sustentables.