Representantes del gobierno federal y del sector privado acordaron ayer eliminar el insourcing, es decir, la práctica a través de la cual una empresa crea otra para que se encargue de la contratación de sus trabajadores.
Desde la semana pasada iniciaron las reuniones de funcionarios de las secretarías del Trabajo y Hacienda, entre otras dependencias, con líderes del sector privado, buscando que los cambios legales al outsourcing sean avalados por ambas partes.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que desde el jueves pasado se llegó al consenso de desaparecer el esquema mencionado, pero aún hay detalles por afinar, como el reparto de utilidades para los trabajadores contratados por ese mecanismo.
“Se elimina el insourcing y ahorita se convoca a otra comisión para poder llegar de aquí al jueves con los montos y la estacionalidad”, dijo Cervantes anoche, al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
El sector privado pidió al gobierno cuando menos seis meses para ajustarse a los cambios en la ley, porque de lo contrario no dará tiempo para cambiar a los trabajadores de una empresa de insourcing a la matriz.
Señaló que el tema de las sanciones de hasta nueve años de cárcel a dueños de empresas que incurran en prácticas ilegales se queda, “porque las malas prácticas eran el punto central de esta iniciativa, y eso se queda”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo que “todavía no llegamos a una conclusión; sin embargo, nos sentimos optimistas de que estamos teniendo avances en materia de outsourcing”, y seguirán las pláticas.
