Diputadas
de Morena, PAN, PRI, PRD y MC acordaron, que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el próximo 1 de septiembre, presentarán una iniciativa de ley para que personas que sean deudores de pensión alimenticia , agresores por razón de género o hayan cometido acoso , no puedan ocupar cargos públicos , ni puedan ser funcionarios públicos.
En un conversatorio virtual, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Lorena Villavicencio (Morena); Ana Lilia Herrera (PRI); Verónica Juárez (PRD) y Martha Tagle (MC), respaldaron su apoyo a la iniciativa #3de3vsViolencia.
Laura Rojas, aseguró: “estamos a tiempo de trabajar en las tres semanas de receso para hacer el compromiso de presentar la iniciativa en la primera sesión del próximo periodo ordinario; se trata de una propuesta que favorece a las mujeres y por una sociedad más igualitaria”.
La presidenta de San Lázaro comentó que la iniciativa, promovida por la organización Las Constituyentes Feministas, contribuiría a la vida democrática, porque uno de los grandes problemas actuales es la poca credibilidad en las y los servidores públicos; garantizar que lleguen sólo las mejores personas haría que las y los ciudadanos tengan confianza.
“La ciudadanía, por ejemplo, no cree en jueces ni en ministerios públicos, por lo que asegurar que haya perspectiva de género en el servicio público beneficiaría y mejoraría la confianza en las instituciones”, expresó.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, aseguró que irán por la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, primero con el INE y segundo en la ley, ya que no se puede seguir permitiendo que quienes tienen una función pública, un cargo de representación popular o quienes tienen en sus manos garantizar el acceso a la justicia, sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimenticios.
Afirmó que esta iniciativa no busca perseguir a los hombres, sino hacer realidad lo establecido en el artículo primero constitucional, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Estaríamos dándole la posibilidad a todas las mujeres y todos los ciudadanos de tener mejores funcionarios públicos, jueces y representantes populares”.
Asimismo, la coordinadora perredista, Verónica Beatriz Juárez Piña, estimó que esta iniciativa es de gran relevancia, así como las reformas aprobadas en materia de paridad y tipificación de la violencia política; por lo que consideró fundamental llevarla a cabo de nivel federal y hacer las modificaciones constitucionales correspondientes a la brevedad. Planteó realizar una ruta crítica y crear las sinergias necesarias al interior de los grupos parlamentarios para procesarla con la mayor rapidez en esta legislatura.
“Debemos de blindar esta reforma de tal manera que no haya forma para quienes ejercen el poder por designación o quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, lo puedan hacer si es que tienen antecedentes de violencia, por razón de género, deudores alimentarios o como acosadores sexuales”, dijo.
Del PRI, la legisladora Ana Lilia Herrera Anzaldo dijo que una 3 de 3 contra violencia puede ayudar a generar un pacto social ya que se tiene el interés no solamente en la armonización en violencia política sino que este 3 de 3 que ya se presentó en el congreso local salga. “Creo que nosotras en San Lázaro estamos obligadas en la legislatura de la paridad a que esto pueda salir”.
Indicó que esta es la base de que candidatos y servidores públicos no cuenten con antecedentes de ser deudores de pensión alimenticia, acosador sexual o agresores por razones de género; esta garantía jurídica de tener sentencia firme y que no estén inscritos.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que la paridad numérica no representa todavía igualdad, el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones se sigue dando en muchas condiciones de desigualdad e inequidad, y uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres hoy en día son las diferentes formas de violencia.
“Estamos considerando sanciones para quienes ejercen violencia entre ellas la posibilidad de no ser candidatos o incluso anular elecciones, que realmente lleven a reconsiderar las actitudes que se están generando, y en el ámbito del ejercicio público y de la función pública el que una persona no pueda acceder a un especio de toma de decisiones si tiene antecedentes de violencia, porque de otra manera si piensas en sanciones de tipo económico o sanciones que vienen en la ley de responsabilidades de los servidores públicos como amonestación me parece que no son suficientes”.
Asimismo, Yndira Sandoval Sánchez, defensora de Derechos Humanos e integrantes de “Las Constituyentes CDMX”, al presentar la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia, dijo que prevé la posibilidad de que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial, las personas que tengan antecedentes, denuncias y/o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores de razones género en el ámbito familiar.
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