La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acusó que la defensoría pública que lleva el caso de Érick Francisco “N”, supuesto agresor de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada en febrero de 2020, ha dilatado el desahogo de las pruebas en el juicio.
EL UNIVERSAL informó que a dos años del feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue violentado y exhibido en redes sociales, aún faltan más de 20 pruebas por desahogar antes de que el imputado pueda ser sentenciado.
A través de una carta informativa, la fiscalía capitalina acusó que la dilación en las últimas dos audiencias del caso se ha debido a causas atribuibles a la defensa de Érick Francisco “N”, lo que ha provocado que no se puedan continuar desahogando las pruebas en su contra: “En el caso, en las últimas dos audiencias ha sido atribuible a la defensa el que no se haya desahogado prueba alguna”, indicó.
El Gran Diario de México informó que algunas diligencias se retrasaron por la pandemia de Covid-19, cambios en la defensa de Érick Francisco “N” y, para el 18 de junio de 2021, un error de la fiscalía que se pudo corregir a tiempo.
Jorge Vázquez Durán, abogado de la familia de Ingrid, informó que esa audiencia no pudo realizarse porque la fiscalía capitalina no descubrió a tiempo la totalidad de las pruebas que pretendía llevar a juicio, por lo que, para evitar nulidades, la diligencia se tuvo que diferir para el 23 de junio. La FGJCDMX, en cambio, afirmó que esto fue porque el agresor cambió de defensor. El 23 de junio se realizó la audiencia intermedia y el juez dictó apertura a juicio oral, pues la defensa de Érick Francisco “N” no presentó ninguna prueba de descargo.
Desde entonces se han desahogado 32 pruebas del total (57) que ofreció contra el supuesto agresor, conforme a la calendarización de audiencias realizado por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoce del asunto.
El 17 de febrero, un nuevo defensor fue asignado al asunto, pero no conocía el expediente y aunque se aplazó la audiencia al 25 de febrero, el abogado no se presentó, razón por la que la Defensoría Pública fue multada.
