El acceso a la información de fiscalización es indispensable para activar la contraloría social que contribuya a combatir la corrupción, aseguró Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Durante su participación en el 9° Seminario Internacional Federalismo y Combate a la Corrupción en América Latina: Hacia un nuevo pacto social, Ibarra Cadena expuso que el año pasado en el país se generó un costo de 12 mil 770 millones de pesos en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi.
Reconoció que no en todos los casos la información está disponible y cuando es solicitada, las autoridades no siempre la entregan, por lo que destacó el papel de los órganos garantes para ordenar que se proporcione.
El presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), Nelson Shack, refirió que el mejor aliado del control gubernamental es la contraloría social.