El coordinador del Grupo Plural del Senado , Emilio Álvarez Icaza , aseguró que el acarreo que “inevitablemente” habrá para traer a simpatizantes y militantes de Morena a que participen en la marcha del próximo domingo es una confesión anticipada de la comisión de un delito.
En entrevista con EL UNIVERSAL , el legislador sin partido acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos morenistas de traicionar su propia historia.
“Es muy preocupante que el Presidente y su bancada oficial salgan a legitimar la comisión de delitos. Usar recursos públicos para mover con fines partidarios es un delito y ya se les olvidó toda su lucha y su historia. Cuando el Presidente era oposición señalaba eso con dedo flamígero y muchos de los que hoy están en el Senado, en la Cámara de Diputados igual, ya se les olvidó”, apuntó.
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Álvarez Icaza señaló que además del acarreo, habrá coacción de manifestantes con el poder político y económico del Estado.
“Es muy preocupante no solo la amnesia, este cinismo, es una operación de Estado de acarreo atómico y que tiene detrás dos elementos muy delicados: la compra y la coacción , es decir, el destino de recursos públicos para atraer a personas por amenazas de pérdidas de empleo, de coacción de simpatías, de futuro, de pérdida de programas sociales y la verdad es que eso se aleja por completo de la libertad”, remarcó.
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“Dijo López Obrador que no hubiera acarreos, la verdad es que sin eso no lo podrían hacer. Es muy penoso que todo esto pase por el ego del Presidente, es un exceso, es confundir absolutamente las cosas, porque él quiere demostrar que es el algo así como el rey de la calle, que su marcha es más grande. Es muy penoso que la vida pública del país se dirija con base en complejos”, concluyó Álvarez Icaza.
Por su parte, el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que marchar es un derecho legítimo de los ciudadanos, pero cuestionó que el presidente Lopez a Obrador pretenda encabezar la movilización y el uso de recursos públicos para la manifestación del próximo domingo.
“Yo creo yo creo que lo cuestionable será qué facultades hay para que el Presidente participe en una marcha, yo creo que el tema es si intervienen recursos públicos en la organización de la marcha, porque a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, los presidentes y los funcionarios sólo pueden hacer aquello que la ley les manda”, advirtió.
Con información de Luis Carlos Rodríguez
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