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Las recientes reformas que la LXIV Legislatura del Congreso de Sinaloa realizó a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) evidencian un intento, desde la política, por tener injerencia en la vida universitaria, por modificar de manera profunda la educación superior del país, coincidieron César Astudillo y Roberto Rodríguez Gómez, investigadores de la UNAM, quienes alertaron sobre la posibilidad de que haya quienes traten de replicarla en otras entidades.
“Lo que se busca en la Autónoma de Sinaloa es someter a voto popular la elección del rector. Esto va a hacer que la política se instale en el corazón de la universidad, que los académicos tengan que deslizarse hacia el entorno político, que haya campañas, que se polarice la comunidad universitaria, se presenten varios candidatos y habrá necesidad de que ofrezcan algo, difícilmente las opiniones sensatas de ‘vamos a mejorar la calidad de la investigación o de la educación’ serán las triunfantes”, señalaron.
De acuerdo con Astudillo, la reforma a la Ley Orgánica de la UAS implica una violación a la Constitución que en su artículo tercero, fracción VII considera la autonomía de las universidades, así como del artículo segundo, párrafo III de la Ley General de Educación Superior, donde establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberán contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes, así como de una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
El académico y exabogado general de la UNAM puntualizó que aun cuando hubo una consulta fue manipulada, porque no se incluyó a toda la comunidad universitaria -conformada por el alumnado, trabajadores académicos y administrativos, personal directivo, incluso los egresados-, pues ese ejercicio estuvo muy limitado y se dirigió básicamente a solo un sector.
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“La Ley General también señala que se debe consultar a las autoridades universitarias, empezando por el rector, directores de facultades, escuelas e institutos lo cual tampoco se dio, como tampoco hubo una respuesta por escrito del órgano representativo de mayor jerarquía de la universidad -en este caso su Consejo Universitario-, para que fije la posición de la universidad”, manifestó el doctor en Derecho Constitucional.
Con él coincidió el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de esta casa de estudios, Roberto Rodríguez Gómez, y experto en Política Educativa, quien destacó que la UAS es la tercera universidad más importante del país -después de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara-, con una matrícula de aproximadamente 169 mil estudiantes y una planta académica numerosa y relevante.
La consulta, enfatizó, se efectuó sin acuerdo previo con la UAS y fue más bien una encuesta a cerca de dos mil personas.
El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM detalló que la reforma incluye diversas modificaciones, adhesiones y derogaciones a la Ley Orgánica, entre los más relevantes están establecer la elección del rector y de diversas autoridades por voto universal, además de implementar la paridad de proporción de estudiantes y académicos -50 por ciento de cada uno de ellos- en sus órganos colegiados.
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Este proceso, dijo, se enmarca en una disputa política por el control de la universidad.
En tanto, César Astudillo refirió que la reforma preocupa, porque el sentido de los cambios es para que haya interferencia política exterior, para determinar la forma en que se elijan a las autoridades universitarias.
Esta injerencia, advirtió, puede ser un primer paso para que después los grupos políticos quieran intervenir en la modificación de planes y programas de estudio, introducir en ellos una ideología y así instalar progresivamente la política en el corazón de la vida universitaria, con efectos contraproducentes.
Para Roberto Rodríguez, la actuación sobre la UAS tiene visos de intento de réplica en otras instituciones autónomas, universidades estatales y en las universidades federales.
Asimismo, César Astudillo afirmó que esa acción “debe preocuparnos porque se puede extender como un mal ejemplo, como una mala práctica a otros estados del país”.
“Acudir al llamado popular para la designación de ámbitos muy especializados es contraproducente”, remarcó.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, remarcó que la autonomía de las universidades no es un privilegio, sino un derecho de las comunidades de esas casas de estudio, el cual está asociado a una gran responsabilidad: tomar sus decisiones en busca de la mejora académica, del fortalecimiento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, a partir de criterios académicos y no políticos.
“Es un valor que hemos construido a lo largo de décadas y ponerlo en riesgo puede afectar las condiciones de desarrollo y de un mejor futuro de la educación superior en México”, apuntó Rodríguez Gómez.
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Ambos especialistas consideraron que todos debemos reivindicar este derecho que permite a las comunidades universitarias definir su propio destino y que se deben cerrar filas frente a embates políticos.
uul/apr
