La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) recomendó a padres y madres de familia que inscribirán a sus hijas e hijos en escuelas públicas o privadas el próximo ciclo escolar cerciorarse de la plantilla docente y los antecedentes de la escuela para prevenir alguna agresión sexual.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la directora de la ODI, Mariana Gil Bartomeu, afirmó que es importante cómo entran las personas a las escuelas dado el incremento de delitos sexuales cometidos contra niñas y niños, principalmente en el nivel preescolar.

“Está mal darle esta carga a las madres y padres de familia, pero que por lo menos los papás y mamás que van a llevar a sus hijos día a día a las escuelas, tengan esta información para que también hablen con sus hijos y les den información para que haya algún tipo de prevención de agresiones sexuales”, dijo.

Hace un días, la ODI dio a conocer su reporte Es un Secreto, la explotación sexual infantil en escuelas, en el que asegura que han aumentado a 27 los casos documentados de estudiantes menores de edad que han sido víctimas de violencia sexual en escuelas públicas y privadas de 12 estados del país.

Destacó que a tres años de la primera publicación del informe, la situación no se ha frenado y “tampoco se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores de plantel o personal de intendencia”.

“A muchos gobiernos no les ha interesado a los niños porque no votan. Porque no es un problema de ellos. Si las escuelas públicas son un mar, las privadas son un mar oscuro, muy oscuro, oscuro. Porque la SEP no tiene ninguna supervisión, no se sabe ni quién trabaja en las privadas. Es un desastre llevar casos de escuelas privadas”, expuso Gil Bartomeu.

Añadió que si bien la violencia sexual se registra en todos los niveles educativos, este problema se presenta con mayor frecuencia en preescolar de planteles públicos y privados.

Indicó que a las dificultades que existen para denunciar, se le suma una más: la pretensión de responsabilizar a las madres cuando existe una agresión sexual contra un o una menor de edad.

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